Úrsula Patricia Salazar Mojica, legisladora local de Tamaulipas y sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sometida actualmente a un proceso de desafuero por presuntamente solicitar “moches”, es defendida por el abogado del exgobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, preso desde cinco años. La defensa denunció posible espionaje telefónico.
Durante la comparecencia de la Comisión Instructora que analiza el procedimiento de solicitud de procedencia en contra de la diputada, que además es la representante del Grupo Parlamentario de Morena en el legislatura 65, se presentó al abogado José Isabel Luna Chávez, como uno de los abogados defensores.
Luna Chávez participó en el 2019 en audiencias donde, junto con otros litigantes, representó a Hernández Flores en el caso de la acusación de enriquecimiento ilícito por 40 millones de pesos.
ACUSACIÓN FUE PRESENTADA POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) interpuso una solicitud de desafuero ante la Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas para Salazar Mojica, a quien la acusan del delito de cohecho.
El Ministerio Público aseguró que comprobó, mediante peritaje, que la voz que aparece en dos audios donde se pide inflar facturas corresponde a Salazar.
Los audios, presume la FECC, corresponden a dos llamadas telefónicas realizadas presuntamente por la legisladora el 13 y 16 de noviembre del 2018 cuando se desempeñaba como Jefa de Recursos Humanos y Finanzas del Conalep de Tampico.
Se informó que la investigación se realizó tras haber recibido una denuncia firmada por Roxana N y Verónica N, además de otra persona denominada como un testigo protegido.
ENTRE PLEITOS SE DESARROLLO LA SESIÓN
La sesión, que tuvo una duración superior a las cuatro horas, se realizó en medio de gritos y alegatos entre los diputados de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), llegando a un punto álgido cuando la Fiscalía presentó como prueba un video con los audios en investigación e imágenes de la diputadas con los ojos cubiertos.
“Que quede claro que lo que expuso no fue audio, es un video y es una exhibición que quieren hacer mediáticamente con saña, con violencia a la mujer porque seguimos diciendo que este gobierno es fallido, es misógino, es patriarcal”, enfatizó Salazar Mojica.
Señaló que en la comparecencia se ha expuesto por medio de sus abogado una serie de irregularidades que se han cometido dentro de la Comisión Instructora que ella calificó como “espuria” y que carece de quorum al no presentarse un diputado.
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DEFENSA DE SALAZAR MOJICA ARGUMENTA ESPIONAJE
El abogado Luna Chávez destacó que en la acusación existe una posible intervención telefónica ilegal de las llamadas de los particulares que participan en los audios donde implican a su defendida.
“Alguien tenía los aparatos, alguien hizo espionaje, alguien intervino en esa llamadas para sustraer el contenido de esa comunicación y aportarle a redes sociales, eso no le quita lo ilícito”, advirtió.
Alegó que la Comisión Instructora que analiza esta solicitud de desafuero carece de equidad de género ya que está conformada por seis hombres y una mujer, aunado a que declaró que Salazar Mojica no ha tenido acceso a la carpeta de investigación.
“¿Cómo se van a ofrecer pruebas si no se tiene la carpeta de averiguación. Al hablar de carpeta de investigación se inició un proceso penal sin haberla desaforado”, precisó.
Pidió se retirara de la comisión al diputado panista, Félix Fernando García Aguiar quien fue la persona que proporcionó a la Fiscalía, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), un audio con la voz de Salazar para cotejarlo con los audios filtrados.
Solicitó respeto a las autoridades para su integridad, puesto que reconoció que hay riesgos.
“Estamos expuestos a que nos maten, que nos levanten, nos siembren delitos y siempre ha habido un respeto para los abogados de las partes y espero que ese respeto siga. Además, yo creo en Dios”, enfatizó.
OTORGAN SIETE DÍAS PARA PRESENTAR PRUEBAS
Aunque la defensa de la legisladora Salazar Mojica solicitó 30 días para presentar pruebas y la Fiscalía propuso 10, finalmente, se aprobó por mayoría la propuesta de la legisladora antes del Partido de Trabajo y ahora panista Lidia Martínez López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de otorgar siete días.
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“Por más fabricación de delitos que me quieran inventar no podrán callarme. Es un circo porque a ellos no les importa, mucho menos le importa el pueblo de Tamaulipas ¿Qué se puede esperar un ciudadano que no tiene fuero? ya estaría encarcelado con carpetas fabricadas”, declaró al abandonar la sesión.
“No hay autonomía del Poder Judicial(...) estoy plenamente segura de que demostraré mi inocencia porque soy inocente”, sostuvo.
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Será el viernes 3 junio, a dos días de la elección por la gubernatura tamaulipeca, cuando se realice la presentación de pruebas ante la Comisión, en defensa de la legisladora Úrsula Salazar, sobrina de AMLO, actualmente defendida por el abogado de Eugenio Hernández Flores.