Integrantes de la Confederación Nacional de Industriales Metalúrgicos y Reciclados (Conimer) anunciaron la implementación de bloqueos intermitentes de carreteras a nivel nacional para buscar echar atrás la Ley de Reciclaje aprobada por el Senado en 2021, que entre otras medidas propone concesionar la disposición de residuos.
Se estima que las movilizaciones inicien a finales de junio o principios de julio del presente año, ya que aseguran que los preceptos contenidos en esta ley vulneran a por lo menos seis millones de personas que dependen de esta actividad en todo México.
El líder de la Conimer, Francisco Uruióstegui, así como la delegada del organismo en Tamaulipas, Concepción de León advirtieron sobre las medidas que aplicarán contra esta del Reciclaje, llamada oficialmente Ley General de Economía Circular.
"Haremos bloqueos intermitentes y de forma pacífica, sobre todo con respeto a los ciudadanos, por tiempo indefinido y nos acompañaran otros sectores que se sienten agraviados como transportistas, ferrocarrileros” dijo el dirigente del organismo.
La Conimer ha sostenido reuniones con el senador Ricardo Montreal, uno de los impulsores de esta reglamentación, para plantear sus peticiones y el panorama que prevén generará su aplicación, así como ser incluidos en la la toma de decisiones de las políticas del gobierno en este respecto.
La Conimer estima que esta industria ocupa el séptimo lugar en la economía nacional, con seis millones de personas que dependen del reciclaje, "pero con las concesiones que pretende lanzar el gobierno federal se verán perjudicados miles de familias, donde están incluidos 2.5 millones de pepenadores en todo el país.
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La negativa a la aplicación de esta ley ha generado a nivel nacional diversas manifestaciones de los involucrados en el sector, quienes aseguraron que de continuar la implementación de la misma procederán a la toma intermitente de carreteras.
CONIMER CONSIDERA QUE ES UNA POLÍTICA DE DESPLAZAMIENTO OFICIAL
En el año 2021 se aprobó dicho dictamen, aduciendo medidas para frenar la proliferación de basura, impulsar su reutilización o economía circular y poner en orden la disposición final; más los involucrados en esta actividad lo ven como un desplazamiento oficial.
"La idea es apoderarse del sector y concesionarlo, se convierte en delito transportar, vender o donar cualquier desecho” dijo el dirigente de la Conimer.
Indicó que en México se han cerrado nueve rellenos sanitarios, en Zacatecas, Nayarit y Oaxaca, entre otros estados, con la intención de invertir en tecnologías que en se aplica en países considerados de primer mundo "no nos oponemos a las tecnologías, sino a las formas, se deben generar leyes de acuerdo a las condiciones que vive nuestro país, con tanta pobreza hay pepenadores y con la corrupción que hay en México es que se dan esos contratos”.
Uruióstegui consideró que es difícil estimar el negocio del reciclaje, sin embargo, aseguró que en Nezahualcóyotl el gobierno pidió un crédito al Congreso local por 10 mil millones de pesos para concesionar la basura y en Naumann, Sinaloa, se pidieron 25 mil millones de pesos para concesionar el servicio de basura por 25 años, “ese es el negocio que es solo para beneficiar a algunos”.
Preciso que en Oaxaca sacaron una iniciativa de multar de 50 a 50 mil UMAS el acopio, traslado venta o donación de plásticos, "el que transporte en un diablito pagará cuatro mil pesos de multas y el que transporte en camiones pagará cuatro millones de pesos de multa".
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LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN
En noviembre del 2019 los senadores Ricardo Monreal Ávila y Raúl Bolaños-Cacho Cué, del grupo parlamentario Morena y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, presentaron el proyecto de decreto de la Ley General de Economía Circular.
Se turnó a Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para en noviembre del 2021 emitir su dictamen y el pleno del Senado de la República establecer su aprobación.
Dicha Ley General de Economía Circular, según el propio Senado, busca reducir al mínimo la generación de residuos, bajar el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizar el desperdicio disminuyendo el consumo de materias vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño.
Se aprobó en lo general con 87 votos en favor; y con 77 votos en favor y tres abstenciones, en lo particular, también tiene el fin de disminuir la generación de los residuos y su carga contaminante, para minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud humana, según el Senado.
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El ordenamiento procura facilitar la incorporación a la economía nacional de productos de bajo impacto ambiental. Pero además considera que se deberá desarrollar y promover la integración del sector informal asociado con el reciclaje de los residuos es decir que pepenadores, recolectores o transportadores puedan salir de la informalidad fiscal, es decir paguen impuestos para comercializar sus productos con personas físicas o morales establecidas.
