Actuar con prepotencia y retraso son algunas de las quejas de algunos usuarios en contra de la agencias del Ministerio Público (MP) de Tamaulipas.
El diputado Marco Antonio Gallegos Galván, propuso un punto de acuerdo para que el fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica, informe de las acciones que se están implementando para brindar un trato amable y respetuoso a las víctimas del delito.
“En mi carácter de diputado, he recibido diversas quejas tanto de hombres como de mujeres, en las cuales me hacen referencia al maltrato que reciben en las agencias del Ministerio en los Municipios del Estado, aunado, al más mínimo interés que personal de dicha representación social le da al trámite”, denunció.
Tardan en integrar una carpeta de investigación
El diputado morenista aseguró que la mayoría de las quejas, destacan la prepotencia del personal, así como no ser atendidos de manera oportuna.
“En otros casos, hasta les dijeron que regresaran al siguiente día, principalmente, cuando las personas acuden a denunciar en fines de semana”, aseguró.
Aseveró que el Ministerio Público tarda demasiado tiempo en integrar la Carpeta de Investigación, en varios casos se tardan días, meses y hasta años, por lo que las víctimas presentan su queja ante la Comisión de los Derechos Humanos, incluso, se ven en la necesidad de promover un amparo ante los Juzgados de Distrito.
“Todo lo anterior, trae como resultado final, que las personas pierdan la cultura de denunciar, porque saben de antemano, que es pérdida de tiempo acudir ante el Ministerio Público, aunado a los gastos que tienen que realizar”, apuntó.
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Destacó que se debe optimizar el trabajo que se realiza para integrar a la brevedad las carpetas de investigación y judicializar de manera pronta las que así procedan, y de no existir acciones de dicha naturaleza, se promuevan a la brevedad.
Se endurecen acciones contra deudores
En otro tema, la 65 legislatura aprobó reformas a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, a fin de que no puedan ocupar cargos públicos, las personas condenadas por delitos cometidos en razón de género, sexuales, violencia política o sean deudoras alimentarias.
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“Toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión público, cuente con un perfil orientado a respetar la vida, salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual, así como el derecho de alimentos y los derechos políticos electorales de las personas y, en especial de las mujeres”, dijo en su intervención, la diputada Magaly Deandar Robinson.
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“Al elevar a rango constitucional esta medida, se otorgará certeza a las víctimas de violencia de género, mediante la no elegibilidad de sus agresores; y por la irresponsabilidad de la o el progenitor para con sus hijos en una de las cuestiones más importantes como es el derecho a recibir alimentos”, puntualizó desde el Congreso de Tamaulipas donde se revelaron las quejasen contra de Ministerios Públicos.