Por presuntamente haber negado apoyos a una activista buscadora de desaparecidos en Tamaulipas, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuridia, podría ser sancionada con hasta siete años a prisión.
La representante del colectivo Víctimas del Diez de Marzo, Delia Quiroa, informó que presentó un recurso de amparo indirecto con número 586/2023 debido a que en tres ocasiones se les negó el apoyo de traslados de la Ciudad de México a Reynosa en un periodo de ocho meses.
“Tres veces se negó el traslado y su argumento es que no lo pido con 20 días de anticipación con 15 días hábiles de anticipación pero la ley anterior señalaba que con 5 días hábiles se podía pedir un traslado, entonces, retroactivamente me tienen que aplicar la ley que más me favorece”, informó a EL SOL DE TAMPICO.
Por lo que el Juez del Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, le otorgó la suspensión definitiva.
“Inicialmente el recurso fue para el área de traslados de la CEAV, al rendir el informe la titular responde por lo que la demanda de amparo se amplió a ella y salió la resolución”, destacó.
Aseguran que se violan los derechos humanos
Quiroa, quien desde el 10 de marzo del 2014 busca a su hermano Roberto, secuestrado en Reynosa, Tamaulipas, informó que la CEAV y su titular violaron sus derechos humanos.
“Ella me niega un traslado y no me dice por qué ni en qué ley entonces es otra violación a los derechos humanos”, indicó.
Informó que en caso de no cumplir con la medida cautelar, se le podría iniciar un proceso penal por el delito de desobediencia a una orden legítima de autoridad.
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“Porque como dice el juez, ella está entorpeciendo las labores de búsqueda y eso es muy delicado”, advirtió.
Refirió que en el Artículo 266 de Ley de Amparo se contempla la pena de hasta siete años y la posible inhabilitación del cargo.
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“Si el Ministerio Público adscrito al juzgado hace lo que le toca, la titular de la CEAV enfrentará un proceso penal por violar la suspensión que le ordena el juez para no negarme los viáticos para las búsquedas”, sostuvo.
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La activista, que en agosto del 2021 realizó una búsqueda ciudadana en el predio conocido como “La Bartolina” en Matamoros, Tamaulipas, anunció que la audiencia constitucional por este caso, que podría llevar a la funcionaria de la comisión de víctimas a prisión, se realiza este próximo 30 de noviembre.