A 20 días del referéndum sobre la independencia de Cataluña, los separatistas realizaron ayer una demostración de fuerza al reunir una imponente multitud en el centro de Barcelona para celebrar la Diada (ver aparte) en medio de crecientes tensiones con el gobierno nacional, que amenaza con utilizar todos los medios legales para impedir la consulta del 1° de octubre.

La concentración popular, concebida como "última gran marcha por la independencia dentro del Estado español", fue interpretada en el resto del país como un nuevo capítulo del abierto desafío lanzado por el movimiento independentista a la legalidad española.

La manifestación, que culminó cuando la asistencia coreó el himno Els Segadors en la Plaza Catalunya, desató una verdadera polémica sobre la cantidad de asistentes. Mientras la Guardia Urbana estimó la participación en “un millón de personas”, la Delegación del Gobierno la situó en 350 mil y la Sociedad Civil Catalana, hostil a la consulta, la evaluó en 250 mil asistentes. Por su parte, las entidades independentistas que habían convocado a la demostración se abstuvieron de divulgar una estimación de concurrencia.

En la movilización más multitudinaria de los últimos años, la asistencia fue estimada en 2,5 millones de personas en 2013, pero posteriormente los soberanistas perdieron capacidad de convocatoria. La disminución de participación notada el lunes traduce, a criterio de algunos analistas, una fuerte inquietud por la posibilidad de una ruptura dramática con el Estado español.

La manifestación, que comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los recientes atentados Barcelona y Cambrils, atravesó el centro de la ciudad al grito de "¡Votaremos!"

"¿Qué más tenemos que hacer para que entiendan que Cataluña quiere votar?", proclamó en su discurso el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

“Hoy acariciamos la victoria”, agregó por su parte Jordi Sánchez, líder del partido soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC).

El único incidente de la manifestación fue protagonizado por un grupo de independentistas radicales que quemaron banderas de España, Francia y la Unión europea (UE).

En un claro mensaje destinado a mostrar su determinación, el gobierno de Mariano Rajoy presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada ley de Transitoriedad, aprobada el jueves por el Parlamento catalán, convocando al referéndum sobre la independencia. Ese texto establece que, en caso de victoria del “sí” en las urnas, los diputados catalanes proclamarán de inmediato la fundación de una nueva república.

La impugnación del gobierno de Madrid argumenta que la convocatoria soberanista constituye la “mayor afrenta y amenaza de destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en 1978, consagradas en la Constitución”. También sostiene que desconoce el “valor normativo de la Constitución Española y del Estado español del que forma parte la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

Por esa razón, sostiene, “esas decisiones pueden calificarse de antidemocráticas, no solo porque el pueblo catalán no es soberano, sino porque se apropia [y] confisca competencias estatales al margen completamente del cauce legal”.

El jueves, apenas se conocieron las iniciativas adoptadas por el Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional español suspendió la ley de Transitoriedad y el decreto de convocatoria, y advirtió a las autoridades de Barcelona sobre la responsabilidad penal en la que incurrirían en caso de desobedecer.

Si mantienen su desafío, el presidente de la Generalitat y los líderes independentistas se exponen a una acusación penal por delitos como prevaricación, desobediencia y malversación de fondos, que incluyen potenciales penas de prisión.

El gobierno de Madrid confía en que la realización del referéndum no podrá concretarse por simples razones logísticas, pues  —entre otras cosas—  al parecer las listas de electores inscriptos están desactualizadas y no se podrá contar con los 7 mil “agentes electorales”.

En menos de una creciente crispación política, Mariano Rajoy cuenta con el respaldo una clara mayoría de españoles: 60% de la opinión desea que se impida el referéndum, según un sondeo de Sigma Dos. Otra encuesta del mismo instituto demostró que 55% de los catalanes son partidarios de que se realice la consulta independientemente de lo que diga el gobierno central.

En caso de concretarse el referéndum, los resultados son imprevisibles. Sigma Dos calcula que 50,1% de los catalanes está a favor de la independencia mientras que 45,7% votaría en contra y el 4,2% restante se mantiene indeciso.

¿Qué es la Diada?

Considerada como la Fiesta Nacional de Cataluña, la Diada recuerda un momento aciago de su historia: la capitulación del ejército defensor del archiduque Carlos de Austria ante las tropas de Felipe V de Borbón durante la Guerra de Sucesión Española en 1714. Como resultado de ese desenlace, en 1716 se abolieron las instituciones catalanas.