BARCELONA, España.- El Parlamento de Cataluña, con mayoría de grupos a favor de la independencia de esta región española, aprobó una ley para amparar el referéndum secesionista previsto para el 1 de octubre, decisión que el gobierno español previamente había solicitado anular al Tribunal Constitucional (TC).

La norma obtuvo 72 votos a favor de los grupos independentistas, Junts pel Sí (JxS), coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP, que habían presentado la propuesta de ley de referéndum el 31 de julio pasado, ninguno en contra y 11 abstenciones.

Los diputados de la oposición, Ciudadanos (liberal), Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el conservador Partido Popular de Cataluña (PPC), abandonaron el hemiciclo antes de la votación, dejando algunos de ellos sobre sus escaños vacíos banderas catalanas y españolas.

Tras la luz verde del Parlamento catalán, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió un informe urgente al Consejo de Estado (máximo órgano consultivo del gabinete) sobre la ley del referéndum para presentar mañana un recurso contra esa iniciativa en el Constitucional, informaron fuentes del Ejecutivo español.

Cuando el gobierno tenga dicho informe, el Consejo de Ministros celebrará una reunión extraordinaria para tramitar ese recurso y presentarlo de inmediato ante el TC.

El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo para recurrir la ley del referéndum.

El rey Felipe VI y Rajoy se mantuvieron hoy en contacto con motivo del pleno del Parlamento de Cataluña, según fuentes de la Casa del Rey.

El gobierno central y el Tribunal Constitucional consideran que un referéndum sobre la independencia es ilegal porque la Constitución española lo impide, pero las autoridades catalanas mantienen la voluntad de convocarlo para el 1 de octubre.

Por ello, antes de que comenzara el debate de hoy, Rajoy pidió al Constitucional que, con la mayor contundencia y urgencia posibles, declare nula la decisión de la Mesa de la Cámara.

Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña presentará una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa.

En Madrid, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que se están vulnerando las sentencias constitucionales, especialmente la de febrero de 2017 que establecía la prohibición de cualquier acción orientada a la celebración del referéndum soberanista.