El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta por la exploración y evaluación de yacimientos de minerales radiactivos en 18 localidades del territorio mexicano para la generación de energía eléctrica.

La Secretaría de Hacienda aprobó al Servicio Geológico Mexicano (SGM) 30.6 millones de pesos para identificar y evaluar zonas con potencial de contener dichos minerales, como el uranio, que son usados como materia prima en reactores nucleares durante la generación de energía eléctrica.

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En su proyecto original –inscrito en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– este organismo publico adscrito a la Secretaría de Economía (SE) había solicitado 70.9 millones de pesos, pero al final se le autorizó menos de la mitad.

Entre enero y junio de este año, el SGM ya había ejercido seis millones 690 mil pesos para arrancar el proyecto de exploración de localidades prospectivas de contener minerales radiactivos en Sonora, Chihuahua, Durango y Puebla.

Actualmente la única central nuclear de generación eléctrica en el país es la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV), ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en Veracruz. Ésta genera cinco por ciento de la energía total del país. Según la página del Gobierno federal, la CNLV es una empresa que contribuye al cambio climático porque no genera gases de efecto invernadero.

La producción de energía eléctrica a través de plantas nucleares es un tema poco abordado en la administración pública y los sectores políticos. De los pocos funcionarios que se han pronunciado al respecto en años recientes es la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle.

En octubre de 2020, durante una comparecencia de la funcionaria ante el Senado, reveló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) analizaba construir una pequeña planta de energía nuclear en Baja California, sin embargo, a la fecha no se ha conocido más al respecto. Al igual ha tratado de desmitificar el tabú de los riesgos de las plantas nucleares.

Un ejemplo de esto es su participación en el “Foro Energy Meet Point: innovación que impulsa al sector energético” en 2019, en la que expresó: “En México no hemos comunicado bien este tema, decimos (energía) nucleoeléctrica y nos da miedo por los dos grandísimos accidentes que han pasado en el mundo, en Rusia y Japón, pero son plantas nobles (…) Tenemos (generamos) 4.3 por ciento y deberíamos de contemplar hacer un estudio para un crecimiento”.

Se buscó a las secretarías de Economía y Energía para conocer los avances del Servicio Geológico Mexicano en la exploración de minerales radiactivos y los proyectos de energía nuclear futuros, sin que hubiera respuesta positiva de ambas dependencias.

La idea de impulsar la energía nuclear en México no es nueva ni propia de la Cuarta Transformación. En 2009, el expresidente Felipe Calderón defendió el uso pacífico y controlado de la energía atómica tanto por el paulatino agotamiento de los combustibles fósiles que desde entonces se veía como por su efecto en el calentamiento global.

“México apoya el derecho de todo Estado a beneficiarse del uso pacífico de la energía nuclear bajo la plena supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica”, indicó el exmandatario mexicano en una cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 13 de mayo de 2020, la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, aseguró que el gobierno calderonista analizaba incrementar el uso de la energía nuclear como alternativa para generar energía limpia y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

“Ésta será una decisión que deberán tomar todos los mexicanos en el mediano plazo para garantizar el desarrollo de las futuras generaciones”, agregó la encargada de la política energética del país.

EL PLAN ORIGINAL

En su proyecto original, el SGM buscaba identificar 18 localidades prospectivas de minerales radiactivos y asociados en Sonora, Chihuahua, Durango y Puebla. También ocho localidades prospectivas de tierras raras en Sonora y Chihuahua. Todo lo anterior requería un monto de 41.4 millones de pesos.

A esto se sumaban 9.4 millones de pesos para estudios de muestras de laboratorio, como los ensayos de química analítica en los que se obtiene la determinación cuantitativa de los elementos químicos que son de interés en la exploración geológico‐minera, así como los que conforman a los obtenidos de las pruebas metalúrgicas.

“La caracterización de materiales permite determinar los elementos, compuestos y especies minerales que constituyen los materiales geológicos, determinación de tamaños de liberación, relaciones texturales y microtexturales. Con la investigación metalúrgica se realizan pruebas tendientes a determinar la concentración, recuperación y beneficio de minerales metálicos y no metálicos, aplicando procesos de separación magnética, gravimétrica, electrostática, cicloneo, flotación, procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos”, detalla el documento.

El SGM también solicitaba 9.4 millones de pesos para apoyo tecnológico con servicios administrados de cómputo, comunicaciones de red privada virtual con acceso a internet, así como de conectividad alámbrica e inalámbrica del equipo de cómputo y periféricos, impresión, contratación, mantenimiento y/o su actualización de licencias de software y aplicativos, y consumibles de cómputo.

Y, por último, 782 mil pesos para el servicio de geomática: tratamiento, análisis, interpretación y almacenamiento de datos georreferenciados.

Sin embargo, Hacienda sólo les aprobó menos de la mitad de lo solicitado.

En el proyecto también se destaca que, aunque es una probabilidad baja, puede exponerse a diversos riesgos para efectuarse como la prohibición de acceso a las áreas de interés, derivado de problemas sociales, culturales o por inseguridad, en donde tendrá que sensibilizar a las autoridades ejidales, comunales y pequeños propietarios, sin exponer la integridad física del personal del SGM, así como convenir con los grupos sociales.

Otros riesgos son las condiciones climatológicas adversas, topografía abrupta en las sierras y falta de comunicación que limita el acceso a las zonas de estudio.