Especialistas en el tema de derecho penal consideraron urgente que policías, ministerios públicos, jueces y abogados recIban una capacitación adecuada para comprender y actuar en la implementación del sistema penal acusatorio.

En México autoridades federales establecieron un plazo de 8 años, a partir de 2008, para aplicar gradualmente el nuevo sistema penal acusatorio, que privilegia la oralidad en los juicios, además de introducir novedades que buscan hacer más ágil la impartición de justicia.

Jorge Alberto Camacho Delgado, presidente de la Asociación Nacional de Capacitadores del Sistema Penal Acusatorio (Ascapa), dijo que en este sentido, aunque hay estados en donde se ha llevado a cabo el proceso de capacitación del personal que labora en el aparato oficial, en la mayoría de los casos esto se hizo a cargo de quienes no tienen la suficiente experiencia ni ejercen en la práctica.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Tampico tras haber participado en eventos de capacitación y actualización, dijo que si bien el sistema penal acusatorio se ha implementado en teoría, en los hechos es evidente que existe una marcada necesidad de que agentes del Ministerio Público, policías, personal de juzgados, jueces de control, así como los propios abogados estén al tanto de la adecuada interpretación del mismo, pues aunque la teoría que conocen de los libros con que se les prepara es mejor que reciban el adiestramiento de quienes ejercen.

“El problema es que los estados han dejado de capacitar. En los primeros 8 años se dieron capacitaciones, pero muchas veces era por gente que aprobaba un examen de conocimiento y nunca ha llevado un asunto, entonces aquí tenemos que dejar bien en claro que los buenos operadores son los que practican, los que estamos en el ejercicio de nuestras funciones y además, podemos dar una capacitación integral porque no es lo mismo lo que dicen los libros a lo que realmente pasa en la vida diaria”, afirmó.

El especialista dijo que en el caso de Tamaulipas, esa agrupación ya tiene avanzados varios programas de capacitación y actualización de abogados y especialistas en derecho penal, pues se han impartido cursos, talleres y actividades prácticas a cargo de quienes diariamente ejercen dentro de lo que establece el nuevo sistema penal acusatorio.

No obstante, sostuvo que es preciso que los estados sean quienes asuman esta responsabilidad para que quienes se desenvuelven en estas actividades cuenten con la preparación adecuada para cumplir como debe ser con su tarea.