Mientras que organismos nacionales e internacionales consideran que en la zona sur de Tamaulipas hay avances en el establecimiento del Estado de Derecho, en la frontera la percepción es distinta debido a factores como el flujo migratorio y los constantes hechos violentos.
De acuerdo con la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, realizado por World Justice Project (WJP), Tamaulipas con una calificación de .42 -sobre un rango de 0 mínimo y 10 máximo- se coloca el número 15 de 32 entidades evaluadas.
¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO?
Este estudio, único avalado por WJP, permite registrar avances y retos sobre el Estado de Derecho en las entidades federativas en cuatro puntos en el tiempo.
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El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 concluyó que existe un estancamiento, incluso deterioro, en materia de Estado de Derecho en diferentes estados debido a que todos se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea.
Los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2021–2022 fueron Querétaro con 0.49 . Yucatán con 0.47 y Guanajuato que obtuvo 0.46.
EL CASO TAMAULIPAS
Aunque Tamaulipas subió un nivel este año de acuerdo con el ranking de este estudio, la población tamaulipeca enfrenta diversos problemas en la consolidación del Estado de Derecho.
“Falta mucho por avanzar tenemos un camino muy largo pero en coordinación con las autoridades y los ciudadanos estamos avanzando”, declaró a EL SOL DE TAMPICO, el presidente de la Mesa Ciudad de Seguridad y Justicia del Sur de Tamaulipas, José Luis del Ángel,
“Nuestros principales objetivos son el Estado de Derecho y la Procuración de Justicia es un tema que estamos haciendo a través de la Mesa Ciudadana”, añadió.
SIN CONFIANZA NO HAY ESTADO DE DERECHO
Reconoció que tras la violencia vivida en Tampico y su zona metropolitana, región hoy considerada como de las más seguras de México pero que hace una década era azotada por ejecuciones, secuestros y extorsiones por parte del crimen organizado, es difícil que la gente confíe en sus autoridades, lo que complica alcanzar el estado de derecho ideal.
“La confianza a las autoridades eso es lo más difícil, recientemente la gente está denunciando más, la cifra negra no la conocemos realmente, no es nada más de que denuncien, es que se les dé un seguimiento que respalde a la víctima, antes la gente no quería denunciar porque no les hacían caso”, recalcó.
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Para que la ciudadanía tenga el valor de denunciar debe confiar en sus policías, por lo que llevaron a las autoridades de seguridad a las áreas identificadas como de riesgo.
“Iniciamos hace tres, cuatro años con proyectos de ir a las colonias más conflictivas y que ahí en ese lugar de reunión expusieron ellos sus motivos, sus denuncias y nosotros darle confianza, aunque se detuvo a raíz de la pandemia”, recordó.
EL PROYECTO DE INTELIGENCIA OPERATIVA
Señaló que para establecer el Estado de Derecho es indispensable contar con la confianza de la ciudadanía debido a ello en Tampico, Ciudad Madero y Altamira se abrió el grupo denominado Inteligencia Operativa que generó buenos resultados. “Nos reunimos cada semana para evaluar todos los reportes que sucedieron en la semana anterior, tomar nota y dar un seguimiento puntual a cada uno y sus soluciones; cada dependencia tiene que presentar una solución a cada problema de relevancia”, detalló.
Estos reportes están relacionados con delitos como el robo a negocios a casa habitación y de vehículo, así como violencia familiar.
“Empieza con prevención, detención en su caso, presentación al Ministerio Público y lo que sigue con el Tribunal de Justicia es cumplir con toda la cadena de mando”, precisó.
FALTA PRESUPUESTO HASTA PARA PAPEL EN FISCALÍA
El delegado de la Federación de Asociaciones de Abogados en Tamaulipas, Fausto Villarreal García, señaló que para lograr el Estado de Derecho es imperante que se asigne mayor presupuesto a la Fiscalía General de Justicia, donde incluso no hay papel para imprimir las denuncias. “Hemos percibido al menos en la zona sur del estado situaciones de falta de presupuesto para la integración e impulso de las carpetas de averiguación, es decir, de las denuncias, de las querellas”, reveló.
Indicó que este problema se ha acentuado desde hace tres años en el estado, al que suma la falta de policías investigadores y defensores jurídicos de oficio.
“La Fiscalía carece de muchos mecanismos públicos para poder brindar este servicio tan importante que tiene que ver con la procuración en impartición de justicia, por ejemplo, en la Fiscalía hay una carencia de papel, hay una carencia de tinta, hay una carencia de personal y capacitación”, denunció.
DESAPARECIDOS, TEMA PENDIENTE EN TAMAULIPAS
Para los buscadores de Tamaulipas, la cifra de 11 mil 460 personas con reporte de desaparición en la entidad es un ejemplo de las fallas en el cumplimiento del Estado de Derecho.
La representante del colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa, Edith González destacó que la estructura de gobierno en la entidad es insuficiente.
“Tamaulipas sólo cuenta con una Comisión de Búsqueda y se centra en Ciudad Victoria, sólo un comisionado para todo el estado y para miles desaparecidos, solicitamos urgentemente que se instale una comisión en Reynosa y en los municipios con mayor índice de desaparecidos”, declaró.
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Agregó que estas unidades alternas de la comisión deberán contar con personal y un Ministerio Público
especializado para cumplir con la tarea de una búsqueda permanente en vida.
“Operativos y rastreo constantes en brechas y campos del crimen organizado para ir encontrando de manera más rápida, reciente y efectiva a nuestros familiares desaparecidos”, apuntó la entrevistada, quien agregó que urge la instalación de mesas de trabajo entre autoridades y víctimas.
“Es muy injusta la actual forma de trabajo en la búsqueda de nuestros familiares, es un tema muy serio y delicado; requiere que se invierta tiempo, dinero, personal y esfuerzo para lograrlo”, enfatizó.
PREVENIR ES ESTADO DE DERECHO
La activista destacó que para implementar un Estado de Derecho las autoridades deben establecer programas de prevención.
“Hay mucho que se puede hacer para evitar que las cosas sigan, como es el caso de las personas que viven en condiciones de calle; que se instale un centro de apoyo, recabando sus datos, nacionalidad, señas particulares que puedan publicarse en redes sociales para dar con sus familiares”, declaró.
