De manera unánime, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la suspensión del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía (Sener) emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, hasta en tanto se resuelvan las controversias constitucionales promovidas, entre otros, por el Estado de Tamaulipas.
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La determinación implica que las medidas dictadas por la Sener para desplazar las energías limpias y renovables del mercado eléctrico mayorista, no podrán aplicarse hasta en tanto la Suprema Corte resuelva su constitucionalidad, en forma definitiva, tal y como está aconteciendo en diversos juicios de amparo promovidos por empresas particulares y organizaciones de defensa del medioambiente.
"Se concedió la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas" establece la determinación de la SCJN con base en la Controversia Constitucional 95/2020 presentada por el Gobierno de Tamaulipas.
En la demanda inicial se expuso ante la Suprema Corte que el Gobierno Federal invadió sus facultades originarias, argumentando que los Tratados Internacionales y la Constitución General de la República establecen el deber de propiciar y alentar la transición hacia energías limpias y sustentables, así como la obligación de garantizar el acceso en condiciones no discriminatorias y competitivas a las energías renovables.
La decisión cautelar de la Suprema Corte aporta certidumbre jurídica a más de $4,000 millones de dólares de inversión privada en energías renovables que se han impulsado en el Estado de Tamaulipas desde el año 2016.