/ sábado 15 de mayo de 2021

Tras decisión de la SCJN, llaman a fortalecer autonomía de los Estados

La Alianza Federalista reconoció la decisión de la Corte con relación a la controversia interpuesta por el desafuero de García Cabeza de Vaca

La Alianza Federalista reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia constitucional interpuesta por el Congreso del Estado de Tamaulipas tras aprobarse el desafuero del ejecutivo estatal en San Lázaro.

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Aunque enfatizaron que lo anterior es un logro democrático y federal, indicaron que estas acciones pusieron sobre la mesa la discusión democrática sobre una determinación de fondo y expresa de los alcances y competencias implícitos del artículo 111 constitucional, “pues es necesario ratificar y fortalecer la autonomía y legitimidades democráticas de las entidades federativas, de sus congresos y de las facultades concurrentes de los poderes de gobierno”.

En este sentido, los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas respaldaron el veredicto de la Corte y pugnaron porque este caso “marque un antecedente en todo lo referente al respeto hacia la autonomía de los Estados, la división de poderes y el Estado de derecho”.

Mediante un comunicado, recordaron que la SCJN desechó este viernes 14 de mayo la controversia constitucional promovida por el Congreso del Estado de Tamaulipas en contra del desafuero del gobernador y miembro de la AF, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “pues determinó que no hay materia, dado que el Congreso local pudo ejercer sin cortapisas y debidamente su facultad de no homologación con la resolución emitida por el Congreso de la Unión”.

Señalaron que lo anterior representa que “no procede el desafuero en contra de un gobernador democráticamente electo por el pueblo tamaulipeco y éste continua en funciones tal y como lo dicta la Constitución”.

En su posicionamiento, también subrayaron que la resolución de la SCJN indica que esta decisión no vulnera el Estado de derecho, sino que pone en tiempo y forma el procedimiento para que un gobernador pueda aclarar cualquier circunstancia y acusación en su contra, manteniendo la protección constitucional “y no pueda ser objeto de ningún injusto escrutinio de carácter político en el marco de una temporada electoral”.

La Alianza Federalista reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia constitucional interpuesta por el Congreso del Estado de Tamaulipas tras aprobarse el desafuero del ejecutivo estatal en San Lázaro.

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Aunque enfatizaron que lo anterior es un logro democrático y federal, indicaron que estas acciones pusieron sobre la mesa la discusión democrática sobre una determinación de fondo y expresa de los alcances y competencias implícitos del artículo 111 constitucional, “pues es necesario ratificar y fortalecer la autonomía y legitimidades democráticas de las entidades federativas, de sus congresos y de las facultades concurrentes de los poderes de gobierno”.

En este sentido, los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas respaldaron el veredicto de la Corte y pugnaron porque este caso “marque un antecedente en todo lo referente al respeto hacia la autonomía de los Estados, la división de poderes y el Estado de derecho”.

Mediante un comunicado, recordaron que la SCJN desechó este viernes 14 de mayo la controversia constitucional promovida por el Congreso del Estado de Tamaulipas en contra del desafuero del gobernador y miembro de la AF, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “pues determinó que no hay materia, dado que el Congreso local pudo ejercer sin cortapisas y debidamente su facultad de no homologación con la resolución emitida por el Congreso de la Unión”.

Señalaron que lo anterior representa que “no procede el desafuero en contra de un gobernador democráticamente electo por el pueblo tamaulipeco y éste continua en funciones tal y como lo dicta la Constitución”.

En su posicionamiento, también subrayaron que la resolución de la SCJN indica que esta decisión no vulnera el Estado de derecho, sino que pone en tiempo y forma el procedimiento para que un gobernador pueda aclarar cualquier circunstancia y acusación en su contra, manteniendo la protección constitucional “y no pueda ser objeto de ningún injusto escrutinio de carácter político en el marco de una temporada electoral”.

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