Por el supuesto delito de ejercicio abusivo de funciones, fue presentada una denuncia penal contra el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Finanzas del Estado asegura que favoreció a familiares y amigos con puestos donde obtenían, según la denuncia, supersueldos.
El proceso fue iniciado en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por el titular de la UIF, Raúl Hernández Chavarría, contra el fiscal anticorrupción de la entidad, Raúl Ramírez Castañeda.
Las acusaciones
En la carpeta se asienta que Ramírez, quien anteriormente fue titular de la UIF, entregó beneficios económicos y puestos a familiares y personas sin la preparación requerida.
Se precisa que al estar frente a la UIF “realizó un acto jurídico que produjo beneficios económicos a su descendiente, en el presente caso, su hijo”, además de precisar como otro favorecido a su cuñado, señalando que fue nombrado auxiliar jurídico de la UIF, con apenas el nivel de estudios de secundaria terminado.
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El documento indica que el entonces titular de la UIF y hoy Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, nombrado por el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también entregó cargos a quien formaba parte de su bufete jurídico “Ramírez Castañeda y Asociados”.
En este caso entregó el cargo de jefa del Departamento de Extinción de Dominio y Amparo en la UIFE a una de sus colaboradoras, identificada como Gloria N.
Renunciaron al iniciar la actual administración
Hernández Chavarría dio a conocer que las tres personas señaladas en la denuncia renunciaron al puesto al comenzar el actual gobierno del morenista Américo Villarreal Anaya.
“Nunca desempeñaron sus funciones, pues no acudían a laborar, pero sí cobraban buen sueldo y jugosas compensaciones, lo que representa un daño para el presupuesto de la Secretaría de Finanzas de 1 948 932 pesos” sostuvo.
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El denunciante y actual titular de la UIF amplió que “la ley prohíbe que los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, realicen cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio, su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, lo que se tipifica como delito de ejercicio abusivo de funciones”.
Hernández Chavarría sostuvo que dicha práctica continúa ejerciéndola como fiscal anticorrupción de Tamaulipas donde dijo “también otorgó empleos, a parientes y amigos”.
