Empresarios de la construcción plantearon al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) flexibilizar trámites y acciones contra los patrones, que a partir de enero tendrán nuevas cargas administrativas con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (Repse), que obligará a incluir a trabajadores de la obra pública.
El coordinador zona sur de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gerardo Holguín explicó que en un encuentro con la subdelegada del IMSS, Alma Rosa García Salazar los constructores expusieron sus dudas y temores, recibiendo el ofrecimiento de un trato adaptable de la institución para resolver pasivos y atrasos en cumplimientos patronales.
“Tuvimos buena respuesta de la funcionaria, quien ofreció trabajar de cerca con el sector, uno de los mas afectados por la crisis sanitaria y llegar a acuerdos, cuando los patrones incurren en incumplimiento por falta de liquidez” dijo el integrante de CMIC.
SECTOR GOLPEADO
Los empresarios pidieron mayor flexibilidad, pues con mucha rapidez el IMSS congela sus cuentas bancarias, sin embargo la propuesta de la subdelegada García Salazar, fue acercarse al instituto, plantear la problemática y llegar a convenios para facilitar el pago de las cuotas, indicó.
Holguín, añadió, que uno de los temas más preocupantes para los constructores, es que a partir de enero próximo, están obligados por la Secretaría del Trabajo a adherirse al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (Repse) e incluir a los trabajadores que participan en la obra pública.
Esa obligación incrementará la carga tributaria y administrativa para el sector, llegando al acuerdo que funcionarios del Seguro Social otorguen talleres de enseñanza o adiestramiento al personal encargado del área de Recursos Humanos o administradores para que los negocios cumplan cabalmente con las nuevas obligaciones.
Hay que recordar que el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, fue habilitado por la STPS, a raíz de la reforma de outsourcing, en donde se estableció que tanto las personas físicas como morales que proporcionen servicios, deberán contar con un registro especial.
En esta localidad existen alrededor de 140 empresas de la construcción con un padrón cercano a los 5 mil trabajadores que están obligadas a cumplir con este esquema.
