El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la orden de aprehensión en su contra.
El mandatario promovió una controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
Lo anterior "toda vez que el promovente señala que el 29 de junio del presente año, se hizo del conocimiento público a través de ciertas noticias de la orden de aprehensión girada en su contra, y al mismo tiempo indica, que conoció que el 20 de mayo anterior, el Congreso de Tamaulipas promovió controversia constitucional en contra de dicha orden", se explica en la lista de notificaciones con fecha del 30 de julio.
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De acuerdo con el máximo tribunal, esta solicitud del mandatario fue remitida a la Comisión de Receso para el trámite de asuntos urgentes, aunque sería hasta el inicio del segundo periodo de sesiones de este año cuando la presidencia de la Corte actúe conforme a lo previsto.
RECUENTO DE LOS HECHOS
Cabe recordar que fue el 30 de abril cuando el Congreso de la Unión determinó retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, aunque enseguida el Congreso del Estado rechazó homologar dicho acuerdo, por lo que se mantuvo a García Cabeza de Vaca con inmunidad procesal.
Posteriormente, el miércoles 19 de mayo cuando se informó que la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, esto por su presunta participación en actividades ilícitas como delincuencia organizada y lavado de dinero.
A la par, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas, esto reiterando que el FBI notificó al gobierno federal de una investigación preliminar de lavado internacional de activos donde presuntamente figura el mandatario, algunos de sus familiares y diversas empresas con sede en nuestro país.
Actualmente, la Corte ha recibido controversias constitucionales tanto del Congreso local, como de la Fiscalía y del propio mandatario, por lo que se espera sea esta instancia la que determine cómo se procederá en el caso.