El sí del Senado de la República a la llamada Ley Nieto, con la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP puede bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial, causó el repudio del empresariado tamaulipeco al señalar que violenta el Estado de derecho y podría ser utilizada como herramienta política del gobierno federal contra sus críticos o adversarios políticos.
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Aunque la reforma fue devuelta a la Cámara de Diputados para su aprobación, la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas (Fecanaco) convocará a una lluvia de amparos federales para lograr que la Suprema Corte reitere que se trata de una decisión inconstitucional, manifestó el abogado de esta organización, Christian Pérez Cosío.
Consideró que en México se vive en contradicción, donde se deja libre a los delincuentes y se persigue a los enemigos, entonces no podemos confiar en el gobierno porque empeorará la persecución fiscal contra los empresarios que lo critiquen.
El dictamen faculta a la UIF para agilizar casos y congelar cuentas bancarias de sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo.
Sobre el tema, Jesús Abud Saldívar, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), expresó que la reforma no debe avanzar en la Cámara de Diputados porque viola las leyes elementales del Estado de Derecho y las empresas no pueden sufrir ese tipo de castigo por simple presunción y sin que un juez lo haya determinado con base en las correspondientes pruebas.