El comercio porteño protestó por el cobro de una nueva licencia ambiental aplicada a empresas solo con fines recaudatorios, pero que engrosan los trámites burocráticos a los que están obligados los negocios.

José Eduardo Hernández Cabrera, presidente de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos, expresó que hay descontento en la comunidad de negocios por la intención del gobierno de la ciudad de cobrar el nuevo gravamen que se une al cúmulo de exigencias oficiales.

Son numerosos los negocios que están recibiendo los requerimientos para que acudan a pagar la licencia ambiental con el supuesto que hay descuentos desde el 10 hasta el 50% y a la que supuestamente están obligados todos los establecimientos fabriles, comerciales, talleres o de servicios que liberen contaminantes y que debe ser actualizada cada año, añadió.

De acuerdo a los requerimientos, el incumplimiento de esos permisos anuales puede causar hasta 20 mil Unidades de Medición y Actualización (UMA) y que actualmente es de 84.49 pesos, en caso de que esté vencida y el negocio haya generado problemas de contaminación.

Hay desconocimiento sobre esa nueva licencia, no sabemos cuándo se aprobó y bajo qué circunstancias, y consideró que en el caso de los comercios no se justifica porque la mayoría no maneja sustancias peligrosas o de contaminación.

Expresó que ya han solicitado una cita con funcionarios de la Secretaría de Ecología para establecer su inconformidad sobre este nuevo trámite y que en este año se suma a los muchos cobros públicos como el del impuesto sobre anuncios luminosos, ahora hasta el interior de los centros comerciales.