La irrefrenable pesca ilegal en Tamaulipas diezmó en la última década en más de 50 mil toneladas anuales la producción de escama, camarón, jaiba y ostión en ríos y lagunas, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de especies comerciales y agudiza la pobreza de miles de familias de pescadores.
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Esa práctica, que empeoró desde hace años por la nula inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), permitió el uso indiscriminado de redes y mallas de todos los tamaños, la extracción de especies sin respeto a tamaños y tiempos de veda, así como factores climáticos, situando en un escenario de crisis a la pesca ribereña.
El exdirector del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP) y presidente del Consejo Ciudadano del Estuario del Río Pánuco, Sergio García Sandoval, explicó que hoy a esos factores se ha agregado la actividad delictiva, que tomó el control de lagunas tamaulipecas y veracruzanas, y con la ausencia de vigilancia federal y estatal las leyes de regulación y administración pesquera se convirtieron en letra muerta.
Hasta hace poco más de diez años Tamaulipas aportaba una producción anual superior a las 100 mil toneladas de escama y crustáceo, pero actualmente las cifras reportadas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura apenas alcanza las 55 mil toneladas.
AL BORDE DE LA EXTINCIÓN
El saqueo no solo destruye aceleradamente el hábitat de los ecosistemas, flagelados además por la sequía y contaminación industrial y urbana, sino que tienen al filo de la extinción algunas especies como ya sucedió con el catán (pejelagarto).
Han diezmado poblaciones de trucha pinta, trucha blanca, mojarra, sargo, jurel, lisa, lebrancha, entre otras de alto valor comercial y sostén económico de miles de familias.
Con base en datos de Conapesca, en 2018 la entidad reportó capturas por 55 mil 212 toneladas con un valor comercial de 1 millón 787 mil 887 pesos, sin embargo esas cifras representan entre 50 y 60% del volumen total que se extrae y comercializa, no en el mercado negro, sino directamente en tianguis, mercados y establecimientos, apuntó.
El furtivismo, insistió, es un mal regional pues ha destruido los centros pesqueros de Laguna de Tamiahua, Saladero, La Ribera, Cucharas, Cabo Rojo y Pueblo Viejo, La Costa y Chila en el norte de Veracruz; de La Marland en la Huasteca potosina, así como del sistema lagunario Chairel, San Andrés, Morales y Laguna Madre en Tamaulipas, las cuales probablemente operen a la mitad de su capacidad.
CÁNCER QUE EVOLUCIONA
El pescador Martín Flores Pérez, de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Laguna Madre, expresa que la actividad ilegal es un cáncer que crece aceleradamente en esa área natural protegida, la más importante de la entidad y considerado el cunero del camarón de alta mar.
Sujeta a la administración federal, Laguna Madre abarca parte de los municipios de Matamoros, San Fernando, Soto la Marina y Valle Hermoso, su superficie de 5 mil 854 kilómetros cuadrados, es una de las reservas naturales costeras, pero no dispone de programas federales de protección para salvaguardar de la pesca irracional.
“A diferencia de alta mar, en estas regiones no hay inspección, no hay vigilancia ni obras de infraestructura que aumenten el flujo y reflujo hacia el mar, lo que ha empobrecido más que nunca a las más de 5 mil pescadores y sus familias, que tampoco reciben apoyos federales”, refirió.
Coincide en que el Gobierno federal no tiene infraestructura ni recursos humanos para la vigilancia como ocurría hasta el año 2000, cuando esta se ejercía a través de nueve oficinas regionales, responsables de promover la producción y su cuidado.
Sin embargo considera que no todo es culpa del gobierno, sino también de la falta de cultura y conciencia entre la población dedicada a esta actividad y que no respeta el uso de mallas y redes permitidas para proteger los tamaños de especies y tiempos de veda de productos propios de esa zona, como son camarón, lisa, lebrancha y tilapia.
“Hay un círculo vicioso, el gobierno no hace lo que debe, los pescadores no tienen otro sustento de vida y entonces no hay respeto a las especies pesqueras, antes abundantes en esa reserva natural tamaulipeca”.
Para la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas la pesca furtiva genera pérdidas del 30% sobre el valor total de las capturas en la entidad y merma la capacidad del gremio, generador de 16 mil empleos directos, ocho mil indirectos y una derrama anual superior a los mil 800 millones de pesos.
Reconoce que casi la mitad de los pescadores no cuentan con permisos, por lo tanto las capturas son irregulares, empero no quiere decir que esa totalidad no se registre porque buscan la manera de formalizar esas capturas, para llegar a su comercialización.
La oficina a cargo de Antonio Garza De Yta reconoce que esas prácticas, que van desde la alteración de las normas sobre el uso de artes y zonas de pesca, pero también no declarando el producto correctamente, incumplir con las tallas y vedas de cada especie, estresan el esfuerzo pesquero.
Resalta que esa actividad ilegal es un problema muy antiguo y la propuesta es trabajar en conjunto con Conapesca, que es la entidad reguladora del sector, porque el Gobierno del Estado no tiene facultades para hacerlo.
En ese sentido, expone que fomentando el desarrollo sustentable y la competitividad del sector pesquero y acuícola, la administración estatal promueve el desarrollo de la pesca y acuicultura con acciones que incrementan y mejoran la infraestructura, además de asesoramiento, capacitación y apoyo a los productores y organizaciones sociales.
Desde hace tres años, la Secretaría Estatal de Pesca comenzó el programa de reordenamiento pesquero y ha propuesto otorgar permisos a pescadores libres, que son más de 3 mil, y la regulación de otros mil eventuales o flotantes que vienen de estados vecinos en tiempos de cosecha de camarón, jaiba y escama, los que en conjunto presionan el esfuerzo.