De las 14 mil empresas formales existentes en el sur de Tamaulipas, una mínima fracción hará reparto de utilidades, con refinanciamiento bancario, venta de activos o diferimiento del pago, pues la doble crisis sanitaria y económica acabó con sus fondos disponibles, afirmó el presidente del CIEST, Jesús Abud Saldívar.
Recordó al 2019 como un mal año para la actividad económica y como consecuencia la rentabilidad estuvo limitada para los establecimientos mercantiles, siendo muy pocos los que declararon utilidades y con ello obligados a distribuirlas entre sus trabajadores, que tienen ese derecho constitucional.
La rentabilidad de las empresas está muy mermada y muchas podrían caer en incumplimiento porque si tenían fondos disponibles éstos se acabaron con la parálisis por el confinamiento obligado que viven desde hace dos meses más de 7 mil establecimientos en la zona metropolitana, agregó el dirigente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas. Abud Saldívar criticó que el gobierno federal no tenga disposición de incentivar a los negocios en esta batalla contra el Covid-19, exija el 100% de cumplimiento de las obligaciones tributarias e incluso temor de que la Secretaría del Trabajo emprenda acciones punitivas contra quienes, por insolvencia, aplacen el pago de las utilidades, desdeñando el colapso que vive el sector patronal.
El líder patronal mencionó que mantienen viva la insistencia para que haya incentivos a las empresas con el aplazamiento del pago de impuestos y contar con el respaldo de la autoridad para cumplir con el reparto de ese beneficio para los trabajadores, pues el gobierno conoce las condiciones que afronta el esquema productivo.
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La participación de trabajadores en las utilidades de empresas se establece en la fracción IX, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, y los empleadores saben de la importancia de este beneficio para las familias de sus trabajadores, dijo.
La fecha límite para que se entregue el reparto de utilidades al empleado es el 31 de mayo, en caso de trabajar para una empresa (persona moral); y el 29 de junio, en caso de trabajar para un patrón (persona física).
Es un derecho constitucional de los trabajadores mexicanos, por lo que de no recibirlo, la empresa se hará acreedora a una sanción y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo advirtió que la Ley debe ser cumplida.