Los padres de familia del sur de Tamaulipas se suman al reclamo nacional para impedir que se continúe distribuyendo los libros de textos gratuitos, ya que consideran que el gobierno federal cruzó una línea muy riesgosa al plasmar en sus páginas material de adoctrinamiento ilegal.
El presidente de la asociación, David Hernández Muñiz, dijo lamentar que “al igual que lo hicieron los sandinistas en Nicaragua y Chávez en Venezuela, no les ha importado violar recurrentemente las leyes con tal de dañar la conciencia de nuestros niños”.
Mencionó que por esta causa la Unión Nacional de Padres de Familia del sur de Tamaulipas hizo la petición a la Federación para detener la distribución de los libros de texto, al considerar que su contenido es inadecuado para la formación académica y ética.
“Todo se hizo bajo la conducción de dos protegidos de Palacio Nacional, Marx Arriaga y el venezolano chavista, Sady Arturo Loaiza se cambiaron los contenidos de los libros de texto sin ningún fundamento científico y mucho menos consultaron a los especialistas y a padres de familia como lo marca la ley”.
Agregó que todo este nuevo cambio plasmado en los compendios, los cuales serán entregados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en todo el país.
“Lo estuvieron manejando en lo oscurito, para que nadie se enterara del contenido real, técnicamente prepararon un asalto porque quieren robarse la mente de nuestros niños”.
Hernández Muñiz afirmó que bajo el pretexto de combatir al neoliberalismo y su modelo “meritocrático, elitista, patriarcal y racista”.
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Indicó que la Federación ahora impone ocurrencias; ya no habrá materias sino “campos educativos”; los maestros tienen la encomienda de ser agentes de transformación y lo humano pasa a segundo término bajo una óptica de “comunidad”.
Destacó que todo parece ser que “el objetivo es muy claro, al buscar formar militantes para su causa política; estudiantes sin valores ni competitivos para sacar adelante a México, en medio de un rezago educativo el cual se ha agudizado a cada momento"
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Puntualizó que viendo este panorama incierto, un juez les ordenó frenar la impresión de los libros hasta que no se hiciera la consulta y les limitó la distribución.
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Lo cual no fue suficiente, pues dijo que antes de concluir el mes de julio, comenzaron con la entrega oficial de estos compendios, a pesar de la inconformidad de especialistas, pedagogos y padres de familia.