Multa Profepa a hospitales por mal manejo de Residuos Peligrosos

Durante la implementación del Programa Especial de Inspección a Unidades Médicas del Sector Público y Privado, en ese lapso ha realizado 215 visitas de inspección y vigilancia

Víctor Alva

  · martes 24 de julio de 2018

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el período que comprende los años 2013 al 2018, impuso medidas correctivas y multó por más de un millón 700 mil pesos a Unidades Médicas Hospitalarias en Tamaulipas, por irregularidades en el manejo adecuado de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), que afectan al ambiente.


Durante la implementación del Programa Especial de Inspección a Unidades Médicas del Sector Público y Privado, en ese lapso ha realizado 215 visitas de inspección y vigilancia en los municipios considerados de mayor relevancia por el número de clínicas y hospitales en operación:


Altamira, Tampico Madero, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Victoria. También, se extendió a municipios con menor número de UMH, como Mante, San Fernando, Jaumave, Tula y Llera, en el estado de Tamaulipas.


Entre el tipo de irregularidades observadas se encuentran las relativas al equipamiento, pues no envasan ni identifican los residuos peligrosos generados, y el área de almacenamiento de los RPBI incumple con las condiciones básicas requeridas.


También, de efectos al ambiente, ya que en el manejo de RPBI no realizan su separación; en los residuos sólidos urbanos (basura común) se mezclan, realizando de manera inadecuada la disposición final en rellenos sanitarios (basureros).


Como el caso registrado en julio del 2017, cuando personal especializado en su manejo detectó en el tiradero a cielo abierto, ubicado en el Camino Viejo a Ejido Contreras, Municipio de Reynosa, entre remanentes municipales (basura), 15 kilos de desechos de hospitales, (sábanas, émbolo de jeringa sin aguja, y botellas de suero vacías, considerados residuos hospitalarios).


Éstos no constituyen residuos peligrosos biológico- infecciosos (RPBI) de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT/SS1- 2002, que establece la clasificación y especificaciones de manejo de los RPBI; sin embargo, como medida preventiva fueron enviados a una empresa autorizada por la Semarnat, para su disposición final.


Otros casos de daños al ambiente obedecen a que las unidades médicas carecen de un área de almacenamiento de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y depositan fuera de ésta, una cantidad considerable de los residuos peligrosos generados.


Respecto a las irregularidades de carácter administrativo y de control documental se detectó que carecen de auto categorización y aviso de inscripción, como generadores de residuos peligrosos y no presentar la Cédula de Operación Anual (COA), ante la Semarnat.


Tampoco cuentan con bitácora anual de entradas y salidas de residuos peligrosos ni con el documento original de los manifiestos de entrega, transporte y recepción de los RPBI.


El personal de Inspección de la Profepa efectuó 215 visitas a Unidades Médicas en esa entidad (54, en 2013; 62, 2014¸39, 2015; 13, 2016; y 27, en 2017); en las que encontró irregularidades, inició procedimientos administrativos que concluyeron en multas por un millón 745 mil 460 pesos.


En 2018, ha visitado 20 unidades hospitalarias; en 18 con irregularidades. A manera de ejemplo, en Reynosa y Río Bravo en seis casos se observaron anomalías en el manejo interno de los residuos de esos establecimientos, por lo que inició procedimiento administrativo por faltas administrativas, de equipo y de control documental:


Registró como generador de residuos peligrosos, bitácoras, residuos sin identificar y almacén temporal sin señalamientos, entre otros elementos contrarios a la normativa.


Dentro de los programas implementados se observaron irregularidades de efectos al ambiente que requirieron la implementación de medidas de urgente aplicación, de carácter administrativo, control documental y equipamiento.


Del mismo modo, se encontraron establecimientos en los que no se detectaron irregularidades a la normatividad ambiental.