Los colegiados médicos de Tamaulipas se han sumado a los más de 30 que a nivel nacional, han acusado al gobierno federal de discriminación, atentar contra el derecho a la protección de la salud y no garantizar la atención médica de calidad, al negar la vacuna contra el Covid-19 al personal de hospitales privados y a quienes no están en primera y segunda línea de atención en instancias públicas.

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A través de un pronunciamiento, exigen a la federación la priorización de vacunación entre el personal de salud de todas las instancias, incluidas las privadas, a quienes se les sigue negando el biológico.

"El sitio de atención no debe de ser usado como referente para el acceso prioritario a la vacuna, ya que son discriminatorios, no cuentan con sustento científico para definir el riesgo real de exposición del Covid-19”, expresó.

Jorge Rosendo Sánchez Medina, tamaulipeco que firma este desplegado como delegado de asuntos gremiales del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, sustenta con apego al documento, que la Organización Mundial de la Salud, el centro para control y prevención de enfermedades así como la Secretaría de Salud federal, han definido a todos los trabajadores de la salud desde médicos hasta intendentes en un riesgo alto de contagio, por lo que deben de garantizar la vacuna.

Lo anterior, luego de que el gobierno federal ha señalado que los médicos que no son de primera o segunda línea Covid-19, así como los privados, deberán vacunarse cuando les toque su turno por edad, al no ser prioritarios, como lo son los trabajadores de la educación a quienes se vacunó sin distinciones, postura que piden colegiados de salud se reconsidere.

En este contexto, la OMS ha emprendido la campaña “vaccine equity” para que autoridades internacionales cumplan con la vacunación de todo el personal de salud en los primeros 100 días, sin distinción de sector ni de línea, lo que exigen las federaciones, asociaciones y colegiados de médicos de México a través del pronunciamiento.

Finalmente recordaron a la federación, que fueron hospitales privados los que pusieron sus camas en los meses más críticos de la pandemia, para atender y hasta operar a pacientes por enfermedades graves, permitiendo dejar las camas a contagiados de coronavirus en instancias públicas.