En México el trabajo infantil no ha sido erradicado, puesto que el 11.5 % de las niñas y niños de 5 a 17 años, es decir 3.3 millones, realizan ocupaciones no permitidas o bien, realizan quehaceres domésticos no adecuados.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en el 2019, el 7.1 por ciento de los menores hacen actividades que afectan su salud y desarrollo en lugares o jornadas y horarios prolongados.
Mientras que un 5.3% hace labores domésticas en medios insalubres e incluso con manipulación de materiales peligrosos.
El Secretario del Trabajo en Tamaulipas, Miguel Ángel Villarreal Ongay aseguró que la entidad se ha sumando a las acciones implementadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Alianza 8.7 y la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, para erradicar este problema.
“Una de las principales acciones es la inspección en los centros de trabajo, actividad desarrollada por la Dirección de Inspección y Previsión Social, para garantizar que las normas nacionales y tratados internacionales que protegen a niñas, niños y adolescentes, sean respetadas por las y los empleadores”, informó.
Bajo el eslogan “Actuemos ahora para poner fin al Trabajo Infantil”, del 10 al 17 de junio, se desarrolla la semana de acción contra el trabajo infantil, que a través de la Secretaría del Trabajo, tiene como objetivo identificar a los niños y niñas que se encuentran en trayectoria de trabajo infantil, para impedir su ingreso al mercado laboral, y salvaguardar sus condiciones generales de trabajo.
“En lo que va del 2021, hemos visitado 298 centros de trabajo en el estado, específicamente de competencia local, realizando 596 inspecciones en las que hemos verificado las Condiciones Generales de Trabajo, de Seguridad y Salud,”, dijo el funcionario.
Villarreal Ongay explicó, que el trabajo infantil tiene sus raíces en la pobreza, la falta de protección social y la incapacidad para asegurar la asistencia de los niños a la escuela hasta la edad mínima legal de admisión al empleo, y dicho fenómeno se vincula directamente con la violación a los derechos fundamentales, generando impactos negativos a lo largo de sus vidas.
