El caso de Ulises refleja las condiciones a las que se enfrentan algunos reos con discapacidad al interior de prisión. El oriundo de Reynosa, Tamaulipas fue encarcelado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) ubicado en Ayala, Morelos luego de ser detenido en 2017 por el delito de portación de arma de fuego.

Aunque los integrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) aseguran que hay elementos para estudiar tanto el proceso en su contra como su detención, la prioridad fue obtener una medida de seguridad que le permitiera ser excarcelado, ya que las condiciones en las que vivió por casi cinco años eran indignas y presentaba tendencias suicidas.

¿QUIÉN ES ULISES?

Ulises tenía 23 años cuando fue interceptado por elementos del Ejército Mexicano en una carretera de Nuevo Laredo. Aunque creció en un contexto de pobreza, el joven buscaba sacar adelante a sus dos hijos con dos trabajos, laboraba como taquero y chofer.

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Los oficiales detonaron armas en contra de su vehículo lo que provocó que quedara inconsciente. Fue trasladado al Hospital General de Reynosa y cuando despertó se dio cuenta de que había sufrido la amputación de su mano izquierda y de su brazo derecho, quedando en estado de shock.

SENTENCIA DE PRISIÓN ANTICIPADA

José Luis Espejel Hernández, abogado de la Unidad de Litigio Estratégico del IFDP comentó que el caso de Ulises lo conocieron debido al reforzamiento del instituto con el que buscan detectar casos de personas con discapacidad, edad avanzada o padecimientos médicos que no estén recibiendo la atención que por ley y para garantizar su reinserción social les corresponde.

“Él nombra una defensa particular y lo que vimos es que la prisión preventiva se le puso inmediatamente a pesar de que la audiencia se llevó a cabo en el hospital(…) había muchos elementos para no dictar prisión preventiva porque él ya había sufrido consecuencias en su persona(…) Sin embargo, esto no fue debatido, no se pidió la revisión de la medida cautelar tampoco”, explicó para EL SOL DE TAMPICO.

Mencionó que la defensa particular se abocó a que su cliente reconociera la responsabilidad de los hechos con tal de acceder a una reducción de sentencia. Pese a esto, Ulises obtuvo una pena de siete años y ocho meses.

FALTA DE ATENCIÓN ANTE LA DISCAPACIDAD

Ya en la ejecución de su sentencia es cuando el IFDP conoció su caso y se percató de que hay situaciones que ponen a Ulises en condiciones indignas.

“Se palpa que el Ceferepsi no cumple con los estándares para atender a una persona con una discapacidad adquirida en la parte de infraestructura, las condiciones de estancias, baños, aseos, los instrumentos de comida e higiene y hasta el personal que está adscrito, porque tampoco hubo un trabajo hacia él en cuanto a la reinserción que persigue el artículo 18 de la Constitución”.

En este punto, Espejel Hernández subrayó que el caso de Ulises se trató de una persona que fue recluida y olvidada, “El caso más grave era el de su atención, necesitaba ser atendido para poder bañarse e ir al retrete(…) había días en los que no iban a visitarlo o asistirlo y él tuvo que recurrir a tragarse el reducto de dignidad que le quedaba y buscar a sus compañeros de celda para que le pudieran asistir y llevarlo o bañarlo”.

CONTROVERSIA PARA EXCARCELARLO

Ulises ya había pedido que tomaran en cuenta sus condiciones para excarcelarlo y que pagara su sentencia al exterior, con vigilancia y seguimiento.

Sin embargo, en 2018 la problemática fue que solo estaba su declaración y no había pruebas, entonces el IFDP retomó dicha controversia y desahogó peritajes para abonar a sus manifestaciones, evaluaciones psicológicas e incluso peritajes en arquitectura del propio centro y testimonios de los compañeros de celda que corroboraron que las condiciones en las que se encontraba eran indignas.

YA ESTÁ FUERA DE PRISIÓN

El pasado 30 de junio, a las 23:55 horas, Ulises obtuvo la sustitución de la pena privativa por una medida de seguridad del Ceferepsi.

“Declararon fundado que el derecho a la salud no nada más es la cuestión de vida o muerte, sino las cuestiones inherentes a la psicología y eso se trabajó con Ulises, él tenía afectaciones severas e incluso tendencias suicidas al estar en reclusión(…) ahora tiene que estar localizable y ubicable, se le da relevancia a una medida de seguridad y vigilancia, pero no estricta porque Ulises tiene que acceder a muchos programas y beneficios para poder reinsertarse nuevamente”.

Sobre la resolución de culpabilidad, el abogado remarcó que en este caso era urgente y preocupante excarcelarlo, “el primer punto en la agenda fue sacar de ahí Ulises que era la obligatoriedad para avanzar más rápido; sí estudiamos el caso para poder revocar en su momento dado o modificar el procedimiento abreviado que llevó, pero eso implicaría tenerlo más tiempo ahí en la prisión”.

Es así como finalmente, el pasado 30 de junio el caso de Ulises tuvo una resolución más favorable para el tamaulipeco. Sin embargo, deja de manifiesto la “pesadilla” que puede vivir una persona con discapacidad en prisión.