Al representar el 70 % de sus costos de operación el diésel, empresas de barcos camaroneros buscarán que se haga efectivo un subsidio a este combustible por parte del gobierno federal, ya que fue retirado y requieren de apoyo para seguir saliendo a realizar la captura, pudiendo detener actividades este mes de no concretarse la ayuda.
"Aún no tienen una respuesta satisfactoria con respecto a un precio preferencial del diésel marino, como tampoco de subsidios para la modernización de los barcos de pesca", manifestó el empresario pesquero, Raúl Ruiz Villegas, quién fue exsecretario de Pesca en el gobierno de Tamaulipas, indicando que la flota pesquera podría detener labores en 2 o tres semanas.
Expuso que los altos gastos en el combustible obligaron ya a la mitad de los 180 barcos camaroneros a parar la actividad de pesca en todo el Golfo de México, ya que tienen la competencia de los pescadores de Estados Unidos, quienes pagan mucho menos por el litro del diésel y pueden adquirir equipos modernos para la realización de esta actividad.
Añadió que en Estados Unidos el litro del combustible marino tiene un costo de 8 pesos, cuando en México se consigue en 20 pesos, por lo que cada salida cuesta poco más de un millón 200 mil pesos en combustible. Además de unos 25 mil pesos en avituallamiento para los pescadores, recursos que no se podrán recuperar por la situación económica de este año derivado de la pandemia de coronavirus.
"El litro de diésel ahorita en Estados Unidos está en ocho pesos y ellos, ahora durante la pandemia, tuvieron apoyos súper importantes de muchos miles de dólares. Aquí en México no existe ese apoyo; yo creo que sí es importante que el Gobierno de México se ‘eche un clavado’ y que analice la situación, la generación de empleos que tenemos nosotros los armadores, somos una gran industria que tiene una producción muy significativa", precisó.
Si los legisladores o el Gobierno de México no apoyan en este aspecto, expresó, "la actividad pesquera va a sucumbir, pues si no existe un respaldo por parte de las autoridades federales para poder desarrollarse de forma competitiva, sus actividades poco a poco disminuirán, dejando de ser negocio para los cerca de 200 armadores, principalmente si se toma en cuenta que su operación es de alto riesgo".
