Más delgado pero de buen semblante, vestido de gris y elcabello corto, arribó Jonathan Rodríguez Cabanne la mañana deayer a la sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio y Oral dela Sexta Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, enAltamira.
Cinco meses y veinticuatro días después de ser vinculado aproceso y trasladado al penal del municipio de Altamira, fueconvocado para desarrollar la audiencia intermedia donde lafiscalía, encabezada por la agente del Ministerio Público, Maríadel Carmen Cruz Marquina, pidió una sentencia de cien años deprisión por los delitos que se le acusan.
Cincuenta corresponden al parricidio cometido supuestamentecontra su madre María Guadalupe Cabanne Lima, de 45 años de edad,según lo establecido como pena máxima en el Artículo 351 delCódigo de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas; y otroscincuenta por homicidio calificado con agravantes, perpetrado enagravio de su padrastro, el señor Jaime César López Hernández,de 52 años, radicado en el expediente 0019/2017.
La fiscal ofreció elementos de prueba que en su mayoría fueronaceptados por el juez Sergio Arturo Arjona Moreno, quien encabezóla audiencia intermedia que demoró más de ocho horas con tresintermedios, uno de una hora para comer.
Las pruebas serán presentadas hasta la audiencia final para laque aún no se ha fijado fecha.
SE ENCUENTRA CON QUIEN LO ACUSAN
Fue de nuevo la sala de audiencias donde el joven de 26 años seencontró con los parientes que lo acusan, a quienes evitó inclusomirarlos.
Del otro lado de los barandales estaba por parte de losacusadores la fiscal Cruz Marquina, quien ha desarrollado toda laintegración del expediente; la asesora jurídica de victimas, AlmaPatricia Badillo; el agente del Ministerio Público GabrielGonzález Pérez, así como dos de los familiares de las víctimas,de quienes las autoridades impartidoras de justicia aclaran que nodeben ser divulgadas sus identidades.
En la defensa fue dirigida en esta audiencia por el abogadoJorge Alberto Camacho Delgado, auxiliado por Jazbereny Cruz Soto,Jesús Abraham Martínez García y Juan Pablo Hernández Lara, yjunto a ellos su defendido Jonathan, destacando la ausencia deJorge Olvera al interior de la sala.
UNA AUDIENCIA MARATÓNICA
Para ninguna de las partes fue sencilla la audiencia intermediadesarrollada el día de ayer, ya que está demoró más de nuevehoras en la presentación, debate y en su caso admisión depruebas.
El acusado llegó a la sede judicial antes de las nueve de lamañana vistiendo la indumentaria de traslados penitenciarios,consistente en una camisola y un pantalón en tono gris, con elpelo corto y tenis blancos.
Desde las nueve de la mañana ya había gente haciendo fila,principalmente abogados y estudiantes de derecho, así como algunosconocidos de las partes involucradas en los hechos, ya que para laaudiencia sólo hay espacio para 20 personas.
A las 10:35 llegó la defensa con el abogado Camacho Delgado yel licenciado Jorge Olvera Reyes; cinco minutos después lo hizo lafiscal Cruz Marquina con un séquito de auxiliares y por lo menostres cajas de papeles y hasta una maleta.
El registro es riguroso, para después pasar un detector demetales, dejar celulares y todo equipo de grabación, ya que sólose puede tomar nota en el interior de la sala.
A las 11 de la mañana todo estaba dispuesto, comenzando laauxiliar de la sala el protocolo “Todos de pie para recibir aljuez” -dijo- y dar paso a la grabación de la exposición.
Tras el mazazo de rigor, dio inicio la audiencia con lapresentación de ambas partes, preguntando el juez si se habríaplanteado una propuesta de salida alterna, a lo que la defensaapuntó que no existe ese interés “ya que vamos a demostrarplena inocencia de nuestro cliente”, auntó enfático AlbertoCamacho.
ENTRE YERROS Y DATOS DE PRUEBA
De inicio Cruz Marquina solicitó la corrección de veintiúnerrores que presentaba el documento de acusación, entre los que seencontraban desde errores de dedo, de redacción, sintaxis, deartículos, hasta incluso el del año, al fechar el caso en el2016, cuando fue en el 2017.
Ahí expuso las pruebas que aportaría la representaciónsocial, que consiste en el testimonio de ocho policias estatales,dos familiares y un conocido de las víctimas, así como un menorde edad que sólo fue identificado como CUHS y su madre, quienesaseguran aportarán datos que sustentan la participación activa deJonathan en los hechos.
Concretamente de la declaración del menor de 17 años de edad,la defensa pugnó por no considerarlo en las pruebas que sedesarrollarán el día de la audiencia final, ya que considera quela declaración inicial violó el debido proceso al obtenerse sinla presencia de los padres o tutor, pero el juez dio a lugar yaceptó la prueba de cargo.
De igual modo fue presentada la posibilidad de 16 pruebasexplicadas por peritos en materia de fotografía, medicina legal,criminalística de campo, química forense, identificación demetales, identificación y búsqueda de sangre oculta, genéticaforense, balística, informática, mecánica de lesiones,criminología de hechos y más de 420 fotografías, las cualestodas fueron aceptadas por la defensa.
En estas pruebas se encuentran -según la fiscal- tres pistolas,una escuadra calibre .380 con cargador y seis cartuchos, unrevólver .357 Magnum y una pistola .25 automática, que precisanfueron aseguradas en la habitación del señalado como responsablede estos hechos.
Donde se generó la controversia fue en las evidenciasmateriales, que constan de tres DVD de cámaras de vigilancia deC4, una particular y un negocio donde supuestamente se observa elmomento en que Rodríguez Cabanne abandona la camioneta CRV con loscadáveres de su madre y padrastro.
En esta fase de la audiencia, Cruz Marquina solicitó unareparación de daños que arrancaría de tres mil unidades de valordiario -antes salario mínimo-, de comprobarse la participación deJonathan debería de pagarse a tres de las víctimas, pero en unaestimación en la que se incluirían otros aspectos, por lo queascendería a varios miles de pesos.
DEFENSA ASEGURA ECHARÁ ABAJO LO EXPUESTO POR LAFISCALÍA
En tanto Jorge Alberto Camacho Delgado aseguró en la ponenciaque cuenta con pruebas que echará abajo los argumentos de larepresentación social al contar con videograbaciones en las que sesitúa en otro sitio a las víctimas en el horario en que lafiscalía asegura fueron ultimados.
“Tenemos órganos de prueba que ellos no estaban físicamenteen el domicilio el día y la hora -20 de enero alrededor de las18:50 horas-, vamos a demostrar que estaban en un centro comercial,en una sala de cine en Tampico”, precisó en la audiencia eldefensor.
De igual modo propuso la declaración del gerente del cine,donde se supone estuvieron los hoy occisos, de una de sus parientesy de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado deTamaulipas, a fin de poder sustentar sus afirmaciones.
“No es posible situarlos en el domicilio y vamos a incorporarlos medios de prueba”, refirió el litigante, quien sostuvo que“se han registrado violaciones de los derechos fundamentales y aldebido proceso”.
En esta audiencia intermedia solamente se ofrecieron, debatierony depuraron las pruebas que se presentarán en la audienciadefinitiva, la cual puede desarrollarse dentro de varios meses, yaque se encuentra interpuesto un recurso de amparo en el JuzgadoNoveno de Distrito que no se ha resuelto.
En tanto el caso Cabanne sigue dando de qué hablar debido aldesarrollo del proceso y a la gran conmoción que generó en lasociedad.
Jonathan fue de nuevo sacado de la llamada ciudad judicial paraser conducido por la policía procesal de nuevo al Penal deAltamira, donde está por cumplir medio año tras las rejas.