Legalizar a nivel nacional la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de concepción, que el sistema de salud pública practique los abortos y se garantice el respeto de elegir de las mujeres son tópicos impulsados a nivel nacional por colectivos feministas reunidos en Tamaulipas.
Actualmente solo las residentes de la Ciudad de México tienen estos beneficios, mientras que en el resto de las entidades son criminalizadas. Yunitzilim Rodríguez Pedraza, del colectivo Marea Verde de Quintana Roo, aseguró que “lo que buscamos es que se regule para por lo menos se establezca de manera uniforme y las mujeres de todas entidades federativas tengamos el mismo derecho que tienen las ciudadanas de la Ciudad de México que si tienen acceso a interrupción legal del abordo hasta la decimal segunda semana”.
El resto de las mujeres en los Estados “somos consideras de segunda y tenemos que acudir -a Cdmx- con nuestros recursos o apoyo de un colectivo para hacer una interrupción legal del embarazo o hacer uno clandestino con los riesgos que esto pueda llevar”.
El tema es abordado en la Reunión Preparatoria al Encuentro Nacional Feminista que se desarrolla en Ciudad Madero, Tamaulipas, desde donde los colectivos del país exigen ser escuchados por gobiernos y congresos estatales.
“Buscamos que las mujeres accedan al servicio de salud con personal médico, medidas sanitarias adecuadas, no es una cuestión de ideología, se respeta a quien no lo quiera hacer, pero no se pueden imponer ideologías contra los derechos de las mujeres” refirió la activista.
Puntualizó que la interrupción del embarazo “es un derecho humano reconocido a nivel internacional en tratados, acuerdos, pactos o convenios internacionales que una vez ratificados por el Senado -de México- es obligatorio a todos, y los Estados no pueden apelar a su soberanía o autonomía para incumplir derechos internacionales”.
El tema es evadido o tomado como bandera política mientras las mujeres siguen abortando en condiciones de riesgo, “es una realidad a la que no podemos negarnos, ni cegarnos, hay quienes prefieren ponerse la venda, ser moralistas, modificar la constitución en detrimento de los derechos de las mujeres afectando derechos humanos”.
La activista advirtió que los colectivos nacionales no van a claudicar hasta que sea ley “ya que pareciera que los congresos locales tienen autonomía plena y soberanía que les dan facultad de regular o establecer normas contra de nuestros derechos”.