El gobierno federal deja sin recursos a las dependencias encargadas de llevar a cabo las reformas legislativas planteadas por ellos mismos, para abatir la impunidad laboral y/o penal en el país.
Suscríbete a la edición digital de El Sol de Tampico aquí
Al hablar sobre ello, la presidenta de la comisión de Justicia en el Congreso de la Unión, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), alertó que la equivocada percepción del concepto de austeridad por parte del gobierno federal y del partido Morena, generan limitaciones a sus propias propuestas.
“El austericidio” de la Cuarta Transformación amenaza con anular las recientes reformas legislativas que tantas expectativas generaron en la población para abatir la impunidad, debido a que no hay recursos para llevarlas a cabo, proponen metas que son imposibles de cumplir y están engañando a la ciudadanía al decir que las enmiendas a las leyes van a lograr resultados positivos, cuando ni siquiera consideran presupuesto para ponerlas en marcha”, advirtió.
La también secretaria de la Comisión de Justicia expuso que el Grupo Parlamentario del PRI, siempre ha señalado que no se pueden avalar proyectos sin que sean respaldados por los presupuestos y las corridas financieras correspondientes, pues solo así se puede evitar que estos se conviertan en letra muerta.
Al hablar sobre ello, aseguró que hay reformas determinantes en materia de justicia penal o laboral, donde el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados deben necesariamente contratar personal, porque van a retomar el trabajo que hacían las juntas de conciliación; se requieren jueces y magistrados especializados; más instalaciones, infraestructura, entre otros y nada de esto se presupuestó.
“Cariño que no se refleja en la nómina no es cariño, si no se ponen presupuestos atrás de las acciones legislativas aprobadas, aunque digan que van a hacer más con menos, la terca realidad se impone, el exceso de austeridad le está haciendo mucho daño al país”, sentenció la legisladora.
Rodríguez Mier y Terán refrendó que existe el riesgo de mayor impunidad; que la actualización del marco jurídico se quede lamentablemente en un catálogo de buenos deseos, ya que las personas inculpadas podrán presentar amparos al argumentar que no están cumpliendo con la nueva legislación.
