Como positiva fue reconocida la decisión de la Suprema Corte de Justicia de suspender la política de confiabilidad, seguridad, calidad y continuidad en el sistema eléctrico nacional promovida por la Secretaría de Energía, la cual limitaba la competencia de privados y privilegiaba a CFE, aseguró Víctor Ramírez, vocero de la Iniciativa Climática por México.
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Las controversias han sido promovidas por estados como Tamaulipas, así como por la Comisión Federal de Competencia Económica y entidades como Jalisco y Colima.
“Aplaudo que el gobierno del estado interpone esa controversia y la Suprema Corte dice que efectivamente parece que hay una violación constitucional y determina suspender el acto, de pronto solicita una respuesta a la Secretaría de Energía y esta se queja, dice que esa controversia no debería haber sido admitida, la corte valora los argumentos y determina que al menos en lo que termina este juicio de constitucionalidad la política de confiabilidad queda suspendida”.
Explicó que no significa un fallo, sino que en lo que se estudia el tema, esa política no la puede ejercer la Secretaría de Energía.
“Hay por lo menos dos resoluciones de juicios de amparos en las que el juez determinó que esta política es inconstitucional. Es algo que suele suceder cuando hay una suspensión, es común que al final el juzgador vaya en el mismo sentido; no es una regla, pero es probable que la corte determine que el acuerdo es inconstitucional y mande a Secretaría de Energía a reponer un acuerdo que sea acorde con la Constitución o que aplique la política anterior que no tenía visos de inconstitucionalidad”.
Mencionó que no solo las inversiones y los proyectos se han visto afectados, en los temas del empleo y de concurrencia con estos actos lo que están haciendo es darle prioridad a un participante del mercado y no permitir la libre concurrencia, "que es lo que indica la Constitución en los campos en que no hay una exclusividad del estado como es la generación de la energía eléctrica" .
“Hay afectaciones en muchos lados, los gobierno estatales refieren que había inversiones que se venían planeando que eran empleos y derrama económica que por el momento no se darán, esperamos que no solo se declare inconstitucional sino que esto obligue a las autoridades administrativas del gobierno federal a retomar el rumbo del cumplimiento de la ley”.
