El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio N., sumó a su equipo de abogados al licenciado José Javier López García, defensor del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y del exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Gutiérrez, quien junto al equipo de litigantes del tampiqueño Juan Jorge Olvera Reyes enfrentarán el nuevo proceso que se le instruye por el delito de enriquecimiento ilícito.
La audiencia inicial dentro de la carpeta procesal 237/2018, inició al mediodía del miércoles en la Sala C del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, donde la defensa ofreció al Juez de Control Patricio Lugo Jaramillo, un par de datos de prueba, un dictamen de contabilidad elaborado por un perito de la Procuraduría General de Justicia que derivó en la imputación, y el dictamen en contabilidad elaborado por un perito particular, así como su declaración.
Los ministerios públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción impugnaron para que no se admitieran ambas pruebas, pero pese a ello el Juez de Control aceptó la primera y desechó la segunda.
En la audiencia estuvieron presentes para ser presentadas como testigos, las hermanas del exgobernador tamaulipeco y exalcalde victorense, Aicia y Elsa, la última esposa de Óscar Gómez Guerra, quien se encuentra prófugo de la justicia de los Estados Unidos y de Tamaulipas.
Se especula que la audiencia se prolongará por varias horas y probablemente sea hasta el jueves cuando se resuelva la situación jurídica de Eugenio N., quien también enfrenta un proceso de extradición hacia los Estados Unidos de América, y será este próximo sábado cuando cumpla ya un año preso en el penal estatal de Ciudad Victoria.
RECUPERA GOBIERNO DE TAMAULIPAS TERRENOS EN PUERTO DE ALTAMIRA
La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, liberó dos predios ubicados en el puerto de Altamira con un valor superior a los mil 500 millones de pesos, que eran propiedad del gobierno estatal y se encontraban en manos de particulares.
La SEIDO solicitó al Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tamaulipas la cancelación del gravamen sobre el predio de mil 600 hectáreas que fueron vendidas de manera irregular en sólo 16 millones de pesos a una empresa particular, terrenos que estaban en calidad de asegurados como medida cautelar.