Tendenciosa y excesiva es considerada por la Barra Nacional de Abogadas la "Ley Garrote" aprobada por diputados de Morena en Tabasco, pues tiene claros tintes políticos y su castigo de hasta 20 años de cárcel para quienes obstruyan obras públicas o privadas son totalmente desproporcionadas al delito.
José Juan Rodríguez de León, directivo en Tampico de esa agrupación de litigantes, expresó además que la polémica legislación viola la Constitución, porque en caso de bloqueos a obras o carreteras federales no corresponde castigarle al estado, sino que queda a cargo del Código Penal Federal.
En Tamaulipas una ley similar esta vigente, pero sanciona con máximos de un año de cárcel a quienes incurran en ese tipo de delitos, pero en Tabasco se ha impuesto una pena de hasta 20 años, incluso superior en algunos casos de homicidio.
El pasado fin de semana el Congreso de Tabasco aprobó una reforma al Código Penal del estado en materia de extorsión que incrementa las penas por ese delito y establece una pena de hasta 20 años por bloqueos a vías de comunicación o el impedimento de la realización de obras públicas o privadas.
Dijo que la propia Constitución prohíbe penas excesivas y en este caso, los legisladores se excedieron, con el supuesto que se adelantan a manifestaciones que pudieran frenar la construcción de la refinería Dos Bocas, en ese estado, proyecto principal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Calificó de inentendible que soldados, policías federales o miembros de la Guardia Nacional sí sean exhibidos, siendo golpeados, humillados por pobladores guachicoleros y los atacantes no sean castigados y sí en cambio se establezcan castigos excesivos, como los expuestos en esta ley "garrote".
Desde su punto de vista, debe hacerse una revisión a esa disposición, pues incluso ya esta prohibido bloquear obras federales o privadas o incurrir en el delito de extorsión, solo falta que la administración de la justicia sea eficiente.
No descartó que agrupaciones de abogados del país soliciten acciones de inconstitucionalidad contra esa legislación, porque es violatoria de los derechos humanos al penalizar manifestaciones legítimas de la población.