Para garantizar el transparente manejo de los recursos en los centros educativos de todos los niveles, organismos civiles trabajan una propuesta para que se integre un órgano de control autónomo que audite a las escuelas en su calidad y la aplicación de recursos.

El dirigente de la agrupación Gestores Productivos Comunitarios, Fredy Torres Mar, aseguró que “es urgente que las autoridades revisen cómo se manejan algunas escuelas, donde existe una serie de vicios con proveedores, obligando a los padres de familia a gastar más, cuando dentro de la Ley de Educación y de Protección al consumidor está considerado como un delito el condicionar las compras”.

Indicó que a la suma de las cuotas por inscripción, “hay que agregarle los cobros que pueden rebasar los 300 pesos por alumno, por papelería, mantenimiento de climas, libros extras que ellos mismos venden, incluso por las copias de exámenes que en ocasiones ni presentan los niños”.

El planteamiento que se hizo, dijo, “es que se integre un órgano independiente a las autoridades educativas para que se revisen las cuentas en cada institución y se califique el nivel académico, pues no es posible que exigen a los padres dinero para el plantel y hay inmuebles que se están cayendo o se les hace el mantenimiento mínimo o piden marcas para útiles o uniformes y los niños salen muy bajos en sus promedios”.

“Si realmente se utilizan los recursos que reciben las escuelas se tendrían instituciones de primer mundo, pues tan solo una primaria en un turno puede tener 400 alumnos, supón que nadamás 300 cumplan con su cuota voluntaria de 800 pesos, son 240 mil pesos y todavía los padres ponen material para maestras y compran aires o pintarrones, además agrégale el cobro de concesiones a comidas o tiendas”, precisó.

ESCUELAS CONVERTIDAS EN NEGOCIO

En entrevista con El Sol de Tampico, Torres Mar añadió que “además los mismos padres de familia han detectado que se tiene una relación de negocios entre los directivos del plantel y las empresas que se dedican desde la venta de libros y uniformes, hasta fotografías, bisutería y servicios de peluquería o de dentistas, incluso se instalan adentro de las escuelas, por lo que es necesario que se revise todo eso”.

Entre las propuestas que el organismo ha hecho a las autoridades estatales es que la inscripción ya no se haga en las escuelas y se realice en los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (Crede), para de esta forma el proceso sea una sola vez, durante todo el tiempo que el menor está en la institución y exista un ahorro para las familias más vulnerables, así como que se establezca un límite a las solicitudes de insumos a los estudiantes.

INGRESO A CLASES DESESTABILIZA LA ECONOMÍA FAMILIAR

Estimaciones de Gestores Productivos Comunitarios precisan que por lo menos 7 de cada 10 familias en la zona tienen que hacer un esfuerzo adicional, sacrificar vacaciones, arreglos en sus hogares o retrasos en rentas y pago de créditos, con tal de satisfacer las necesidades escolares, que incluyen además del gasto “voluntario” de cuotas, libros de texto, transporte, alimentos, materiales de laboratorio, entre otros, que se realizan al inicio y durante el transcurso de cada ciclo.

“Enfrentan muchas problemáticas los padres de familia, sobre todo porque la situación económica no es favorable desde hace años, con sueldos bajos y poco empleo, lo que hace que las carencias aumenten, pues en pagos a escuelas, útiles escolares, insumos para los planteles, uniformes y otros gastos los padres erogan hasta 2 mil 500 pesos por cada niño”, expresó.

Fredy Torres comentó que en muchas ocasiones se ha denunciado el mal manejo de los recursos en las escuelas, pues existen directores que tienen a su nombre las cuentas de banco de ingresos de los planteles “y las autoridades no dicen nada al respecto a pesar que está totalmente prohibido que profesores tomen dinero de los alumnos o sus padres”.

En entrevista por separado, Gerardo Escobedo Izaguirre, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, indicó que este organismo ha estado recibiendo diversas denuncias sobre condicionamiento en cobros, por lo que mantiene abierto procesos contra instituciones educativas, poniendo a disposición de la ciudadanía el teléfono 219-2822 para denunciar actos de abuso de directivos.

La educación -recordó- es un derecho humano elemental para los niños y que nadie puede coartar la garantía de progresividad de los infantes, pues incluso se típifica como un delito el condicionamiento de pagos para la entrega de documentos y existe la figura de abuso de autoridad para la denuncia en instancias penales.