Integrantes de la cooperativa pesquera “Almirantes del mar Océano” insistieron en que funcionarios federales cometieron presuntas irregularidades y desviaron recursos originalmente destinados a este sector.

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Enrique Cabriales Contreras, presidente de la agrupación, señaló que los empleados federales que realizaron el censo debieron haber exigido la entrega de la credencial de elector, la libreta de mar, así como un despacho de pesca, documentos establecidos entre los requisitos para poder acceder a los apoyos que el gobierno se comprometió con ellos.

Sin embargo, dijo, los empleados que el gobierno federal llama servidores de la nación pasaron por alto esta disposición y dieron la entrada a solicitudes de personas que no realizan actividades pesqueras, lo que representa un presunto desvío de recursos y posiblemente, una anomalía que debe ser sancionada por la ley.

El grupo de pescadores se apostó nuevamente con pancartas en la Plaza de Armas de Tampico tratando de obtener la atención del gobierno federal en esta denuncia en la que hace días señalaron a la coordinadora de programas federales en la zona, Elizabeth Cruz Hernández y el delegado en el estado, José Ramón Gómez Leal, como presuntos responsables de haber permitido las presuntas anomalías y desvíos.

"Una cosa es el desvío de recursos porque inscribieron a personas que no tienen nada que ver con la actividad pesquera, yo no sé si por motivos políticos; y otra es la gente incompetente por llamarle de alguna manera a los que se conoce como servidores de la nación, porque hicieron un mal trabajo, muchos errores que cometieron", dijo.

El dirigente agregó que tan solo de esa agrupación son aproximadamente 70 pescadores los afectados, pero de otras cooperativas existen más que no han sido beneficiados por los errores cometidos por los llamados servidores de la nación.

Los pescadores señalaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República por considerar que se han cometido presuntos delitos del orden federal, al desvía recursos e inscribir a ese esquema a personas que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.