Escuelas de Altamira están siendo denunciadas ante la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en el sur de Tamaulipas por retención de documentación, extorsión y condicionamiento de pago de conceptos que nada tienen que ver con los programas educativos.
"Se presentó la formal queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en Tampico contra la supervisora Dulce Durán y la maestra Citlalli, directora de la escuela Aurora Cruz de Mora, ubicada en la colonia Presidentes, debido a que le negaron la entrega del certificado de sexto grado y la boleta a un menor que ya concluyó sus estudios, lo que representa un delito".
Señaló el presidente de la Asociación Gestores Productivos Comunitarios, Fredy Antonio Mar Torres, quien mencionó que la supervisora y la directora quieren obligar a la madre del menor a pagar 1,400 pesos por haberse negado a vender unos productos, situación que afectó al niño al no poder inscribirse a una secundaria por la falta de estos documentos.
“La cuota escolar se cubrió, pero ahora la quieren extorsionar para que pague productos que no consumió ni compró, por lo que se interpuso ya la queja ante diversas autoridades, entre ellas en la Comisión de Derechos Humanos, por el agravio que se le está haciendo al niño al quedar sin sus papeles, situación que deja ver la corrupción que prevalece en el gremio magisterial”, expuso.
No es la primera vez que la supervisora Dulce Durán se ve involucrada en situaciones anómalas en las escuelas de Altamira, añade, “ya en una ocasión hizo que un niño se le hincara en el Centro Regional de Desarrollo Educativo para poder dar la autorización de volverse inscribir, lo que implica que tiene conductas muy nocivas y que afectan la formación de los menores”.
Indicó que desde que concluyó el ciclo escolar, padres de familia de esta escuela denunciaron que la directora no quería entregar los documentos, como ha ocurrido en otras del municipio, “por lo que seguiremos insistiendo ante las autoridades educativas para que frenen estas prácticas que violentan los derechos de los menores y que afectan a las muchas familias en Altamira”.