Los 60 colegios de contadores públicos del país se unieron a la exigencia para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador active un plan de emergencia económico y fiscal para contrarrestar los efectos del COVID-19, que incluya convenios de la banca de desarrollo y comercial para dar periodos de gracia a empresas deudoras, en especial micro, pequeñas y medianas.

Juan Ramón Salas García ex presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el sur de Tamaulipas dijo que esta organización se une a las peticiones de las asociaciones y cámaras empresariales para reducir la carga al empresariado, el cual está obligado a pagar sueldos, salarios, obligaciones fiscales y otros muchos en periodo de contingencia.

En la entidad, dijo; son más de 100 mil unidades económicas y de ellas el 80 % son micro y pequeñas, que no tienen capacidad para enfrentar la caída catastrófica en las ventas, en un contexto que podría empeorar una vez que avancen las fases de la emergencia sanitaria.

Salas García indicó además que el plan de emergencia económico y fiscal debe contener otros puntos claves como establecer una política tributaria temporal contracíclica para incrementar el déficit fiscal en 0.5 %, ampliar el periodo de gracia a los deudores de la banca en mínimo de tres meses y extender el programa de garantías de la Banca de Desarrollo para las Pymes.