La pandemia sanitaria que tiene en vilo al mundo, incluyendo al país, no salva a los deudores del Infonavit del acecho de los despachos de cobranza que mantienen presiones hacia los cuentahabientes que dejaron de tener un empleo y acumulan meses de mora por la escasez de trabajo y de ingresos, denunció el Sindicato de Albañiles de Tampico.

El secretario general del gremio, Martín Juárez Castillo, aseguró que, aunque con menor actividad, los abogados de los seis bufetes jurídicos que mantienen contratos con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores persisten en la cobranza, con amenazas de embargo y tratando de recuperar las cuentas crediticias que se inflaron con los intereses.

A pesar de la promesa presidencial de que no habría embargo de viviendas, la persecución contra las familias que no pueden pagar porque no tienen empleo permanece, mientras que la morosidad en el año va en aumento y fácilmente rebasa el 30%, debido a que los programas para proteger el patrimonio de los obreros y sus familias es insuficiente, expresó.

El dirigente obrero mencionó que en medio de la crisis epidimiológica y la profunda recesión económica, los asalariados que adquirieron una vivienda a través del Infonavit y que cayeron sin dolo en cartera vencida no están teniendo alternativas suficientes para liquidarlas y garantizar el bienestar de los integrantes de sus familias.

“Han presentado programas para favorecer a los acreditados con menos ingresos, pero no se han aterrizado y obtener cualquier procedimiento es prácticamente imposible por la burocracia que persiste en el instituto, incluso antes de la pandemia y por los muchos requisitos a cumplirse”.

De 2001 a 2019, el organismo aprobó 95 mil créditos en la zona metropolitana de Tampico y de acuerdo con el organismo afronta una cartera vencida del 9.8%, cifra que es mucho mayor y podría duplicarse por la pérdida debido a la actual crisis de salud y económica, sin que haya una estrategia efectiva para la recuperación de los recursos, indicó el dirigente de los trabajadores de la construcción.

Pidió al organismo gubernamental establecer estrategias reales que faciliten el pago de las hipotecas, para evitar que los trabajadores o desempleados pierdan sus viviendas o reducir el abandono de las mismas, como ha venido ocurriendo en los últimos años.