El Congreso del Estado buscará que la aplicación de un impuesto al valor agregado del 8% en la zona fronteriza de Tamaulipas, sea garantizado por el Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Hacienda.
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Recientemente el gobierno federal renovó la aplicación de esta tasa de IVA como parte de un programa temporal de incentivos en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos con el fin de lograr mejores condiciones de competencia comercial a los comerciantes nacionales.
A nivel estado, la Comisión de Gobernación y la de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, dictaminó procedente la iniciativa del diputado Gerardo Peña Flores, que exige mantener el IVA del 8% en la franja fronteriza de Tamaulipas.
Los municipios que se ven involucrados con esta medida son Nuevo Laredo, Mier, Nueva Ciudad Guerrero, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.
A través de este punto de acuerdo se exhorta a las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que se lleven a cabo las acciones conducentes, a fin de darle sustento en la Ley del Impuesto al Valor Agregado a dicha tasa preferencial.
El diputado de Morena Roque Hernández Cardona se sumó a esta propuesta legislativa del PAN, resaltando que se trata de una buena medida que incentiva la inversión, para que empresas nacionales y extranjeras se establezcan en la frontera.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Gerardo Peña Flores, manifestó que esta medida está orientada a dar mayor rango de competitividad al sector comercial en las localidades fronterizas de Tamaulipas.
En ese sentido, dijo que se espera que los diputados federales hagan caso y que, a la mayor brevedad, pasen esto a la Ley del Impuesto al Valor y quede estipulado para siempre como lo era antes del 2013.
La diputada Imelda Sanmiguel Sánchez destacó que, mediante esta acción legislativa, se pretende que la tasa del 8% del IVA vuelva a estar establecido en la ley, “los tamaulipecos necesitan medidas certeras que garanticen el derecho a la competitividad, ya que corresponde al Estado garantizar la rectoría del desarrollo nacional”.
