La amenaza de expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Pemex y a la CFE son latentes, señaló el Instuto Mexicano para la Competitividad.

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El pasado 26 de marzo del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos que pretende dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, para otorgar y revocar permisos para que las empresas del sector privado participen en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio e importación y exportación de hidrocarburos.

De acuerdo con el análisis publicado por el Imco, en caso de aprobarse esa iniciativa representa una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados en México, lo cual afectaría al clima de inversión.

El temor por la expropiación se debe a que se dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CFE para suspender las actividades de aquellas empresas que, asu juicio, representen un riesgo y establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos, por ejemplo gasolineras, cuando estas consideren que sus actividades representan un riesgo inminente para la seguridad nacional, o a la seguridad energética o para la economía.

"En ese caso las autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos por alguna de las causales señaladas anteriormentey contratar a empresas productivas del Estado para que estas manejen y controlen las instalaciones".