Ya lo dijo en el Siglo XVII Isaac Newton: “Los Hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes”. Y a tantos años de distancia, parece que la dinámica es la misma, la política de separar, de excluir, de formar conceptos frontales ante enemigos en la realidad imaginarios, pero en el discurso necesarios. Y es porque las acciones de nuestro vecino del norte en contra de nuestros connacionales han transmutado no solo en lo estrictamente social, ahora, con los nuevos tiempos parece que el odio va a migrar con la misma velocidad que migra la esperanza, al mundo digital.

Hace apenas un poco más de una semana, el jueves 30 de mayo, el Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, anunció la actualización de los formatos migratorios para la solicitud de visas a inmigrantes, cosa que no hubiera trascendido a mayor noticia, de no ser porque entre los nuevos requerimientos destaca en particular, una nueva serie de requisitos relacionados con la vida, hábitos y datos digitales de los ciudadanos.

Ahora la administración de Donald Trump planea exigir a los inmigrantes que soliciten ingresar a Estados Unidos, presentar cinco años de historia en las redes sociales, estableciendo un posible rastreo de sus historias de Twitter y Facebook. Además de datos como correos electrónicos, “alias” utilizados en ese mismo periodo de tiempo en otras redes, además de las específicas que son exigidas por el gobierno.

Esta medida obedece al marcado interés de esta administración en la “investigación exhaustiva” de los posibles inmigrantes, y se dice es una extensión de los esfuerzos del gobierno anterior para examinar más de cerca las redes sociales e historiales digitales de toda persona que pretenda ingresar a los Estados Unidos.

Un potencial registro de nuestras publicaciones en redes sociales preocupa a los defensores de la privacidad y las libertades civiles, quienes ya han expresado su oposición a tales medidas y por supuesto, Internet y la Sociedad Red no perdonan, y estas noticias han sido objeto de múltiples “memes” en la red, en donde ridiculizan y parodian estas acciones.

Los críticos se quejan de que estas medidas, en medio de esfuerzos más amplios de la administración, no solo son invasivos por razones de privacidad, sino que también limitan efectivamente la inmigración legal a los Estados Unidos al ralentizar el proceso, haciéndolo más oneroso y dificultando la aceptación de su ingreso. O es que muchos de nosotros no recuerdan aquella pregunta cuando tramitaban su visa que decía algo así como, ¿Planea participar en actividades terroristas en contra del Gobierno de los Estados Unidos? (Si/No). Me imagino que muchos debieron haber marcado sí.

Las autoridades federales argumentan que las medidas son necesarias para la seguridad nacional. Y además de exigir los cinco años de historial en las redes sociales, la aplicación también solicitará números de teléfono anteriores, violaciones de inmigración previas y cualquier historial familiar de participación en actividades terroristas, de acuerdo con el aviso.

Estas medidas afectarán a más de 15 millones de inmigrantes a ese país, incluyendo las solicitudes de visas para estudiantes, de trabajo, así como solicitudes de residencia permanente.

De nueva cuenta estimado lector, nos encontramos ante un escenario desfavorable de política internacional de los Estados Unidos, y es que existe una línea muy delgada entre el derecho internacional de un país para investigar a las personas que pretenden ingresar a su territorio y la necesidad de un control absoluto y una intromisión en la vida personal de cualquier ciudadano del mundo.

Debemos recordar como usuarios de estas tecnologías, que cualquier información que “subamos” a estas plataformas se encuentran dentro de un contrato que aceptamos al crear nuestros perfiles sociales. Fotografías, videos, imágenes diseñadas, textos e incluso audios pueden ser utilizados de manera ilimitada por los dueños de estas redes.

Además, claro está, saltan interesantes y oscuras dudas sobre el tratamiento de dicha información, y es porque para los entendidos bastaría con modificar un poco la configuración de privacidad que estas mismas plataformas ofrecen a sus usuarios, cambiándolas lo suficiente para restringir lo que otros pueden ver de sus perfiles, pero el Departamento de Estado ni la Agencia Nacional de Seguridad de nuestro país vecino, son tontos, ¿Para qué pedir el nombre de usuario de una red? ¿Es acaso que ellos tienen algún tipo de acceso privilegiado a los contenidos públicos y privados de estas redes? ¿Tienen acaso acceso a las contraseñas de todo el planeta? O peor aún, ni siquiera las necesitan para entrar.

Vivimos los tiempos de los Muros, ya sean de concreto o digitales, y debemos aprender a navegar en este mar de información con la bandera de la libertad, cuidándonos de los piratas y parece que ahora también, de las leyes y “aranceles” que comienzan a pedir los puertos. Me despido con una hermosa frase erróneamente atribuida a Voltaire: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. (Evelyn Beatrice Hall, 1906).

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