La casa Morton Subastas hizo caso omiso de la denuncia hecha por el Archivo General de la Nación ante la Fiscalía General de la República por el remate de documentos históricos de la época de la Independencia.
Sólo retiró del catálogo la carta firmada por el cura Miguel Hidalgo, aunque se pidió que se retiraran todos los 75 lotes relacionados con el país.
El Sol de México buscó a los directivos de la casa rematadora para saber su opinión ante la denuncia y el destino del resto de documentos vendidos, pero hasta el momento se ha negado hacer un comentario al respecto.
Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos existe una diferencia entre los bienes arqueológicos y los históricos.
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Los primeros son propiedad de la nación, inembargables e imprescriptibles y ajenos a cualquier acto de apropiación o de comercio. Mientras que los segundos están protegidos por la ley, pero pueden ser susceptibles de apropiación privada para su conservación, no se pueden exportar.
“Lo que se tiene que hacer es demostrar cómo estamos haciendo el vínculo de estos documentos con archivos históricos, particularmente con el Archivo General de la Nación o con algún otro archivo. En ese sentido demostrando que pertenecieron a algún archivo histórico, por supuesto que podemos acreditar la comisión de algún delito”, refirió durante la conferencia de la 31 Ferial Internacional del Libro de Antropología en Historia.
En un comunicado, el AGN reiteró que la Ley General de Archivos prohíbe la venta del patrimonio documental de la nación y que la institución tiene un derecho preferente de compra sobre los documentos históricos de interés público.
De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, este tipo de documentación se consideran “monumentos históricos” y, por tanto, tienen la categoría de patrimonio documental de la nación. Si bien los particulares pueden poseer y custodiar este patrimonio para su preservación, no tienen permitido venderlos ni lucrar con ellos.
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Además, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas se manifestó en contra de la venta a través de una carta dirigida a Carlos Enrique Ruiz Abreu, director General del Archivo General de la Nación, donde solicitó que se suspendiera la subasta de Morton y se protegieran los documentos expuestos de manera física en las instalaciones de la casa rematadora. No se atendió la solicitud.
“En tanto comunidad de historiadores comprometidos con el Patrimonio Documental mexicano, que a su vez constituye el testimonio histórico de la formación del Gobierno de México, nos preocupa que los acervos históricos puedan ser objeto de saqueos incentivados por la mercantilización de los documentos históricos fuera de las normas que nos obligan”, se lee en la misiva pública.
Los historiadores también señalaron que las casas de subastas, instituciones análogas y particulares que pretendan adquirir un documento histórico, deben corroborar, previamente, que el Archivo General haya sido notificado de la misma y garantizar la legalidad del papel.
Esta es la segunda ocasión que Morton recibe una denuncia este año por parte del gobierno debido a la subasta de documentos históricos. El 7 de julio pasado, el INAH también presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República por la venta de manuscritos de los siglos XVIII y XIX.
La dependencia señaló que "en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los manuscritos poseen la calidad de Monumentos Históricos" y por tanto son propiedad de la nación. En ese caso, Morton también retiró del catálogo los manuscritos y continuó con la subasta del resto de documentos.
Ayer, se lograron rematar varios de los lotes. Por ejemplo, se vendió en 80 mil pesos una carta de 1814 escrita por José María Morelos y José María Cos, dirigida al comandante Juan Antonio Romero sobre la formación de una academia militar en Uruapan.
También se subastaron dos cartas de Agustín de Iturbide, con un costo de 16 mil pesos. La primera -fechada en 1808- está dirigida al coronel conde de Casa Rul, y la segunda al capitán M. Agustín de Elorza, de abril de 1816.
Además se remató la Colección de Leyes y Decretos Publicados en 1847 y 1848. Son dos tomos en un volumen vendido en ocho mil pesos, entre otros documentos que eran parte de un catálogo de 250 lotes históricos.
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