El Presidente de la República presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa que reforma los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuya motivación se expresa en que la justicia mexicana se enfrenta a grandes retos que al superarse darían pauta a una justicia de mayor calidad en nuestro país.
Esta iniciativa se conoce como Reforma Judicial, entre otras cosas, buscan que los ministros que la integran no sean elegidos por el Senado de la República sino que sean electos por el voto popular. Además que reducen de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte. El Poder Judicial como guardián de la Constitución y de las leyes vigentes, deberá tener un papel fundamental en el proceso de democratización. Los poderes judiciales fuertes e independientes deben ser un fenómeno común y no una excepción en los gobiernos democráticos.
Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha desempeñado como un verdadero tribunal constitucional que ha dotado de contenido a los derechos fundamentales a través de sus sentencias. Actualmente ha desempeñado un papel protagónico en la vida jurídica y política del país al corresponder pronunciarse tanto por controversias constitucionales. Pero no debe pasar inadvertido que el conocimiento de los criterios de la Suprema Corte puede ser complejo para las personas que no son especialistas en el tema, especialmente los políticos y la población en general, y esto se debe a varios aspectos. El primero de ellos tiene que ver con que el sistema de precedentes mexicano es particularmente complejo, además el lenguaje técnico que se utiliza en las sentencias puede hacerlas inaccesibles para aquellas personas que no son especialistas en Derecho. Además el número de casos que se resuelven por la Suprema Corte es muy alto, por lo que resulta difícil conocer todos los criterios que se han dictado sobre un asunto y estar al día en el seguimiento de los precedentes.
Independientemente de lo anterior, considero que es necesario repensar y en su caso actualizar los contenidos del Estado, de la Constitución y de la democracia; tres conceptos fundamentales en la dinámica de las democracias constitucionales y que no han sido tratados con detenimiento ante los recientes fenómenos sociales, lo que nos lleva hacia un nuevo esquema estructurado. En el artículo 116 de nuestra Carta Magna se refiere a la organización de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, entre otros principios… dividido el poder, ningún órgano del Estado podrá detentar por sí mismo todas las atribuciones y además los distintos poderes se limitarán y controlarán recíprocamente.
Considero que la llamada reforma judicial deberá replantearse, ya que es inadmisible que los ministros de la Corte o cualquier otro juzgador sean designados mediante el voto popular. Lo que atenta contra el distrito de un Poder Judicial autónomo. Ese es el reto.
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