Con las encuestas corriendo de un lado a otro de todo el país, no se diga del estado, sobre quiénes son los aspirantes mejor calificados de cara a la elección del próximo 2 de junio, los tamaulipecos se preguntan qué tan conveniente es ver cara a cara en este proceso electoral a dos exgobernadores cuestionados, con sendos problemas legales, confrontados históricamente y buscando nuevamente acceder al Poder Legislativo Federal.
Apenas en agosto, el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Javier Hernández Flores (64 años, gobernador de 2005-2010 y diputado federal en el 2000) dejó el penal de Tenango del Valle, en donde permaneció por casi seis años, presuntamente acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa; delitos por los que un juez determinó que no habría elementos suficientes para su proceso y se le concedió el amparo que le permitió su liberación.
A través de un amigo cercano al exmandatario, el dirigente del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, nos enteramos que había corrido la invitación a Hernández Flores para que fuera su candidato en primera fórmula al Senado de la República en Tamaulipas; aún y cuando, al menos ante la autoridad electoral, aún prevalece un acuerdo de coalición del Partido Verde con el Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional, que ya perfiló como sus eventuales candidatos a la secretaria del Trabajo del gobierno estatal, la tampiqueña Olga Patricia Sosa Ruiz y al actual senador reynosense, José Ramón Gómez Leal “J.R.” para la segunda fórmula.
Ha trascendido que, de aceptar la nominación, Eugenio Hernández llevaría en segunda fórmula al senado a la exalcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez, en una estrategia que parece pensada para que la cuarta transformación se lleve las tres senadurías, las dos de mayoría y la de representación proporcional, arrebatándole a Acción Nacional la posibilidad de alcanzar al menos una curul.
Los panistas, por su parte, han postulado para el Senado en primera fórmula a la diputada local reynosense Imelda Sanmiguel Sánchez, mientras que la segunda fórmula la aportaría el PRI, a través de su dirigente en Tampico, Arturo Núñez Ruiz. Evidentemente las miradas no sólo de los tamaulipecos, sino de todo el país se volcaron al darse a conocer la primera fórmula de la lista de diputaciones federales por la vía de la representación proporcional, un boleto seguro a San Lázaro, en cuyo espacio apareció el nombre del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (56 años, gobernador de 2016-2022, diputado federal de 2000-2003 y senador 2012-2016) quien, para muchos, permanece auto exiliado en los Estados Unidos, desde antes que terminara su sexenio, pues ha acusado persecución política en su contra.
Presuntamente acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, el exmandatario panista obtuvo en diciembre de una jueza, un amparo que ordenó cancelar la orden de aprehensión en su contra que mantenía la Fiscalía General de la República, al considerar que no habría pruebas suficientes que acreditaran dichos delitos. Aun así, Cabeza de Vaca no se ha presentado en México para realizar ningún trámite y en su momento, su registro ante el PAN lo realizaron en su representación, su esposa, Mariana Gómez Leal y su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca. El caso hace recordar el del perredista michoacano Julio César Godoy Toscano, quien en 2009 fuera presuntamente acusado de delincuencia organizada y con orden de aprehensión, logró entrar a la Cámara de Diputados (algunas versiones hablan de que en la cajuela del auto de otro diputado y otras que entró en el interior del vehículo) y que permaneció oculto en el interior por 48 horas hasta el momento de tomar protesta y fuero como diputado federal. Las condiciones en que llegarían a las boletas electorales Eugenio Hernández y Cabeza de Vaca, son diametralmente opuestas a las que enfrentaron, cuando en sus respectivas elecciones para gobernador arrasaron en las urnas. El ambiente político es completamente opuesto, con un electorado volcado, de acuerdo a las encuestas más serias, hacia Morena y sus abanderados, lo que los colocaría en una posición de clara desventaja. Aunque para muchos observadores los ex gobernadores estarían buscando la protección del fuero constitucional, hay todavía muchas preguntas en el aire que deberían responder los señalados. Si todo sigue como hasta ahora, es muy probable que esta confrontación histórica entre los dos ex gobernadores continúe desde la campaña y después en la arena legislativa y con ello influyan poderosamente en el quehacer político de Tamaulipas.
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