Venezuela sigue viviendo las secuelas de un polémico proceso electoral, en nuestro país tenemos un nuevo congreso y en breve nueva presidenta, y en el país del norte comienza la recta final de una nueva elección, y al igual en muchos otros países los modelos de gobierno parecieran tener de frente una nueva amenaza, una que cambia opiniones o cancela movimiento con un solo clic.
Nadie tiene derecho a decidir por nosotros, y en estos tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados, nos enfrentamos a una realidad que podría haber parecido ciencia ficción hace apenas unos años: la Inteligencia Artificial no solo está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo, sino que también podría alterar profundamente el tejido mismo de nuestras democracias. Si alguna vez ha reflexionado sobre el impacto de la IA en nuestra vida diaria, tal vez sea momento de dar un paso más y considerar su influencia en algo tan crucial como quiénes son nuestros gobernantes.
Imagine, por un momento, un escenario en el que usted está en la víspera de una votación importante. Mientras navega por las redes sociales, se topa con un video convincente que parece mostrar a un candidato haciendo declaraciones controvertidas. Todo parece real, desde el tono de voz hasta las expresiones faciales. Sin embargo, en el fondo, algo no encaja. Lo que está viendo no es una grabación auténtica, sino una falsificación generada por IA, diseñada para manipular sus emociones y decisiones. ¿Deberíamos preocuparnos? La respuesta parece obvia: sí, y mucho.
El desarrollador de ChatGPT, OpenAI, ha dado un paso adelante en este debate apoyando el proyecto de ley AB 3211 en California, que exige que los contenidos generados por IA lleven una “marca de agua” o algún tipo de identificación que permita a los usuarios discernir su origen. Esto, en teoría, suena como una solución sensata y necesaria, especialmente en un año en el que más de un tercio de la población mundial participará en elecciones.
¿Por qué es tan relevante? Según un estudio de la Universidad de Stanford, las falsificaciones profundas generadas por IA pueden influir en hasta un 7% del electorado indeciso, un margen suficiente para cambiar el resultado de una elección en un escenario competitivo. No es exagerado decir que estas herramientas podrían convertirse en armas de desinformación masiva si no se regulan adecuadamente. Y en México también se han vuelto un tema de todos los días, no solo en procesos electorales, también ahora en los procesos de información y desinformación hacia el público en redes.
Sin embargo, no todo es blanco o negro. Si bien la idea de etiquetar los contenidos generados por IA parece una medida de transparencia y responsabilidad, también plantea preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿cómo aseguramos que esta “marca de agua” no sea utilizada para censurar o limitar la creatividad, o a adversarios políticos? ¿Quién será el encargado de implementar y supervisar esta regulación? Y quizás lo más importante, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la libertad digital en nombre de la seguridad electoral? ¿Libertad o seguridad? Son una combinación que nunca debería de estar cara a cara en una balanza.
Recientemente, en Indonesia, las IA jugaron un papel destacado en la diseminación de información durante las elecciones, y no siempre de manera positiva. En este contexto, la propuesta de OpenAI no es solo un gesto simbólico, sino un llamado de atención sobre la urgencia de establecer normas claras antes de que las elecciones sean irreversiblemente contaminadas por falsificaciones digitales.
En cuanto a México, donde nos encontramos en medio de procesos políticos cada vez más polarizados, la adopción de medidas similares podría ser vital para proteger la integridad de nuestro proceso democrático. Aunque todavía no se ha presentado un proyecto de ley similar en nuestro país, tenemos antecedentes – Recodemos que abril de 2023, en la Cámara de Diputados, Loyola Vela del PAN presentó una iniciativa en su Boletín 4474-, en tanto; nos acercamos cada día más a estos fenómenos y la discusión es ineludible.
La desinformación, que ya es un problema latente, podría verse exacerbada por el uso indebido de la IA. Clonación de voz y de video incluidas.
Ahora bien, ¿estamos preparados para enfrentar estos desafíos? La respuesta no es sencilla. Requiere de un esfuerzo conjunto entre legisladores, tecnólogos y, por supuesto, la ciudadanía. Como usuarios, debemos estar informados y exigir transparencia a las plataformas que utilizamos.
Como sociedad, necesitamos un marco legal que proteja la veracidad de la información sin coartar la innovación.
Por eso, estimado lector, la próxima vez que se encuentre frente a un contenido que le haga dudar, recuerde: la veracidad de nuestra democracia puede depender de cuán preparados estemos para enfrentar los desafíos de la era digital. En este sentido, iniciativas como la del proyecto de ley AB 3211 en California no solo deben ser observadas con interés por todo el mundo, sino también debatidas y adaptadas a nuestra realidad, por supuesto México y Tamaulipas incluidos.
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“Hoy día las verdades solitarias parecieran mudas entre las mentiras multitudinarias.”
