El caso de una licenciada en Derecho que se hizo pasar por psiquiatra y prescribió medicamentos psicotrópicos sin la formación requerida exponen la fragilidad de la regulación en el ámbito médico. Este suceso pone sobre la mesa una cuestión urgente: ¿cómo podemos garantizar que quienes ejercen en el sector salud estén debidamente capacitados y regulados?
En la actualidad, la práctica médica involucra un trabajo interdisciplinario entre diferentes especialidades. Esta colaboración es clave para una atención integral, pero también genera preguntas cruciales: ¿qué puede hacer cada profesional? y ¿dónde terminan las responsabilidades de una especialidad y comienzan las de otra? Aunque el caso Coté es un claro ejemplo de usurpación de funciones, también abre el debate sobre los límites y las competencias de cada profesión en el sector salud.
Es importante distinguir entre usurpación de profesión y superposición de competencias. La primera ocurre cuando alguien sin la formación necesaria asume un rol profesional ilegalmente, como en el caso de Coté. Por otro lado, la superposición de competencias surge cuando diferentes profesionales realizan actividades similares, lo que puede ser positivo al hacer ciertos servicios más accesibles, pero plantea dudas sobre la delimitación de responsabilidades al menos en el campo de la medicina.
Las leyes que regulan las competencias en salud están fragmentadas en códigos, normas y leyes, lo que provoca confusión. Por ejemplo, la Ley General de Salud exige que los profesionales cumplan con requisitos de formación y certificación. El artículo 79 establece que los médicos deben estar titulados y capacitados, delimitando claramente el alcance de sus competencias. Además, normas como la NOM-234-SSA1-2003 buscan estandarizar la práctica médica, promoviendo la mejora continua de las capacidades profesionales.
En contraste, los códigos penales tipifican el ejercicio ilegal de la profesión como un delito, sancionando a quienes, como Coté, violan la normativa y ponen en riesgo la seguridad del paciente. Estos mecanismos legales no solo protegen a la población, sino que también disuaden las malas prácticas.
El caso Coté destaca los graves riesgos para los pacientes que consultan a profesionales no acreditados. Diagnósticos incorrectos y tratamientos inapropiados son solo algunos de los peligros. En condiciones complejas, como las enfermedades mentales, un diagnóstico erróneo puede llevar a consecuencias devastadoras, desde efectos adversos graves hasta la pérdida de confianza en el sistema de salud.
Más allá de las implicaciones legales, este problema es ético y regulatorio. Quienes diagnostican y tratan fuera de su competencia traicionan la confianza de los pacientes y ponen en riesgo su bienestar. Además, afecta negativamente a los profesionales legítimos, quienes han dedicado años a formarse para brindar atención segura y de calidad.
Este caso subraya la necesidad de mecanismos reguladores más sólidos que garanticen una supervisión efectiva. Países como Canadá y Australia han implementado sistemas que definen claramente las competencias de cada profesión, reduciendo disputas y mejorando la seguridad en la atención. Es imperativo que México tome nota de estas experiencias internacionales y adopte medidas similares.
El caso debe ser una alerta tanto para las autoridades como para la sociedad. Es momento de reforzar la supervisión, aplicar sanciones contundentes y exigir un sistema de salud basado en estándares éticos, legales y profesionales. Los pacientes también tienen un papel crucial al verificar las credenciales de los profesionales de salud que consultan.
La medicina es una disciplina que exige años de preparación y actualización constante. Como sociedad, debemos proteger la integridad del sistema de salud, exigiendo una atención de calidad, ética y profesional. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que nadie sin la formación adecuada pueda ejercer actividades médicas, salvaguardando así la seguridad y el bienestar de todos.
