En 2018 las mexicanas y los mexicanos se pronunciaron mayoritariamente en las urnas por la transformación de la vida pública y un nuevo proyecto de Nación. El 2 de junio de 2024 una abrumadora mayoría decidió ratificarlo y darle continuidad.

El 5 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados un paquete de veinte Iniciativas, una de estas para reformar el Poder Judicial. Las propuestas fueron abrazadas por la próxima presidenta de México, la Dra. Sheinbaum Pardo, constituyendo uno de sus principales compromisos de campaña.

Quienes decidimos someternos a una elección popular, socializamos los alcances de las reformas casa por casa, calle por calle y plaza por plaza, y testimoniamos de primera mano la importancia que les otorgó la ciudadanía. Prueba de ello es que casi 36 millones de mexicanas y mexicanos votaron para terminar con las injusticias, la corrupción, el nepotismo, los abusos y las malas prácticas judiciales.

El pueblo envió un mensaje claro: necesitamos un sistema de justicia diferente al que hoy tenemos. Decisión que confirmó en las encuestas sobre la materia. 80% de las personas encuestadas dijeron estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial y más de 70% se pronunciaron a favor de la elección popular de las juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros.

Y es que resulta innegable que, una de las principales causas estructurales de la desigualdad económica y social de México en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las autoridades encargadas de impartir justicia. De ahí que esta reforma responde a una de las demandas más urgentes y sentidas de la sociedad.

El derecho al acceso a la justicia debe ser garantizado, y ello implica que la justicia sea pronta, expedita, eficaz y gratuita. Dicho de otra manera, lo que se trata es de que la justicia deje de ser tardía, cara, elitista, inaccesible, misógina, condicionada y, muchas veces, inexistente. La justicia debe dejar de ser un privilegio para quienes pueden pagarla, un negocio para quienes la imparten, una mercancía que se subasta al mejor postor, y convertirse en un derecho.

Es falso que se pretende una reforma a modo, basta decir que quienes aspiren a ser parte del Poder Judicial deberán ser personas honestas, profesionales y con una amplia experiencia, requisitos que ya existen en la Ley y se mantienen vigentes; sin embargo, no serán elegidas por los partidos políticos, ni por intereses económicos o fácticos, sino por el pueblo. Lo cual garantiza que respondan solamente a sus legítimos intereses.

Claro que la carrera judicial seguirá siendo importante, al igual que lo será la democratización de la misma, pues el Poder Judicial no puede continuar siendo rehén de unas cuantas familias o grupos de poder. Por eso, uno de los principales objetivos de la reforma es que las autoridades judiciales respondan únicamente al interés general de la sociedad y de la Nación.

El pueblo mexicano debe confiar en las y los juzgadores, así como en sus resoluciones, si es que queremos consolidar un país de paz, de leyes y con prosperidad. No es un error ni una falacia que las ciudadanas y los ciudadanos elijan a quienes conformarán el Poder Judicial, porque ya eligen al Poder Ejecutivo y a quienes integramos el Poder Legislativo.

El Estado está integrado por tres Poderes de la misma jerarquía, cuya función es coordinarse para el bien común y ser contrapeso uno del otro para evitar excesos. En este sentido, la reforma al Poder Judicial fortalecerá el Estado de derecho, modernizará el sistema de justicia y garantizará la autonomía e independencia del Poder Judicial. Además, evitará el dispendio de recursos públicos, propiciará la pronta resolución de las controversias y garantizará a las y los mexicanos el derecho de acceso a la justicia sin privilegios.

¿Cómo puede el pueblo confiar en sus autoridades si estas no confían en él? No existe ningún argumento de peso que sustente la negativa para elegir a través del voto popular a las autoridades judiciales estatales y federales. De manera contraria lo que sí existe es un mandato constitucional consignado en el artículo 39, que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Blanca Araceli Narro Panameño

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