Uno de los principales problemas que se han venido registrando sin lugar a duda es la violencia, si bien es cierto que vivimos en una sociedad con altos niveles de descomposición social, en la que frecuentemente se rompe el pacto social
Que es el que debiera garantizar la sana convivencia a partir del respeto de las normas de conducta establecidas para las interacciones entre las personas, dicho pacto, al paso del tiempo ha quedado debilitado por múltiples factores, entre los que destacan, los altos niveles de impunidad derivado de un sistema de impartición de justicia que hoy por hoy, se sabe no atiende de manera equitativa, puntual, oportuna y con probidad la impartición a todos los sectores poblacionales, lo que ha creado un imaginario colectivo que normaliza el hecho de que solo los que tienen la capacidad económica suficiente, son los que pueden acceder no solo a la justicia, sino incluso a evadir las sanciones que se establece cuando se comete algún delito.
Derivado de lo anterior, implica hablar del delito, y quiénes han sido víctimas de alguno de ellos, recientemente el INEGI ha dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en el que cabe resaltar que existen datos por demás interesantes, por ejemplo, en el año 2023 el 27.5% de los hogares en México tuvo al menos uno de sus integrantes como víctimas del delito; hubo también 21.9 millones de víctimas de 18 años y más; los delitos más frecuentes fueron: fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.
Por otra parte, la cifra negra muestra también información relevante entre las que destacan las siguientes; de los 31.3 millones de delitos, el 92.9% no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo cual es muestra de la desconfianza que se tiene hacia las instancias investigadoras, o instituciones encargadas de impartir justicia en nuestro país.
Aún con los datos anteriores, el número de víctimas del delito ha ido en descenso, al pasar de 29 746 delitos por cada 100 000 habitantes que se cometían en el año 2017 a 23 323 que se cometieron en el año 2023, lo cual muestra una clara tendencia a la reducción de actos delictivos en distintos ámbitos, aún con ello la percepción de inseguridad entre marzo y abril del presente año, fue del 73.6% de la población de 18 años y más, de los cuales la percepción que tienen los hombres es de 69.3% en tanto las mujeres tiene una percepción de inseguridad del 77.3%.
Ahora bien, el referido comunicado expone la tasa de víctimas del delito por cada 100 000 habitantes según la entidad federativa, para el caso del Estado de Tamaulipas, se registra un incremento del 16.2%, la referida cifra, es del mismo periodo del 2024 con respecto al 2023, ya que en el 2023 se registraron 15 583 incidentes delictivos y en el 2024 se incrementó a 18 104.
En otro orden de ideas, también se estima un costo económico del delito, a partir del tipo de medidas preventivas que se toman, por ejemplo, cambiar o colocar cerraduras o candados, cambiar puertas y ventanas, realizar acciones conjuntas con los vecinos, colocar rejas o bardas, entre otras, independientemente de lo anterior, estas son solamente medidas preventivas que toma regularmente la ciudadanía, sin embargo, es necesario involucrar a todos los actores que participan en la prevención del delito, entre los que destacan, las fiscalías tanto locales como federal y desde luego los impartidores de justicia, que dicho sea de paso, si bien se ha iniciado con un proceso sumamente importante de reforma al poder judicial en esta primera etapa, no hay que olvidar que una segunda etapa deberá implicar la revisión de las fiscalías y ministerios públicos y con ello tener la posibilidad no sólo de la prevención del delito sino de una justicia más equitativa para todos.
Regeneración 19
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