Uno de los debates más importantes que se ha generado en los últimos años en México tiene que ver con un cambio de paradigma en la implementación de algunas políticas públicas, principalmente aquella que está orientada a atender el bienestar social, como aquellas que van a la atención de la salud, educación, pobreza, así como a algunos grupos sociales que se consideran como vulnerables dadas sus condiciones materiales en el que se desarrollan cotidianamente, por ejemplo, mujeres embarazadas que viven en condiciones de pobreza, grupos originarios, niños en condiciones de orfandad, adultos mayores, entre otros.

Hoy se cuenta con una batería importante de programas y acciones del Gobierno Federal considerados como derechos, ya que la obligatoriedad del Estado para su atención están enmarcados en la Constitución Política de nuestro país, en ese sentido la perspectiva de derechos se enfoca en la implementación universal de algunos beneficios que por tratarse de población en condiciones de vulnerabilidad deben ser atendidos por el Estado mexicano, en este sentido, sólo queda la implementación que necesariamente se debe hacer para que tales grupos poblacionales consideren los beneficios como derechos.

En este caso, uno de los grupos que vive en condiciones difíciles, sin duda, es el de los adultos mayores, debido a que muchos de ellos se enfrentaron a condiciones donde no tuvieron acceso a los beneficios de la seguridad social en su etapa de trabajadores activos, en dado caso de que en alguna ocasión de su vida hubieran estado inscritos en algún sistema de protección social; en muchos otros casos, su vida activa estuvo siempre en la informalidad, lo que generó que al no haber contribuido en algún sistema, llegaron a la edad adulta sin contar con algún beneficio que cubra sus necesidades que le garantice la supervivencia digna.

Derivado de lo anterior, una buena parte de la política pública se ha dirigido a los adultos mayores a través de una pensión universal no contributiva, que les permite recibir una transferencia monetaria cada dos meses a partir de los 65 años de edad.

Ahora bien, qué tanto la pensión ha generado que ahora este segmento de la población tenga satisfecha sus necesidades o bien que cubra todo lo que necesita, al respecto la Comisión Económica para América Latina da a conocer un indicador que mide el porcentaje de adultos mayores cuyos ingresos por pensiones resultan insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas de consumo. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayor será la proporción de adultos mayores en condiciones de dependencia económica respecto de otras personas e instituciones para la satisfacción de sus necesidades de consumo.

La estimación del indicador se realiza por quintil del ingreso, es decir, por grupos del ingreso divididos en cinco grupos, donde el quintil 1 es el de menor nivel de ingreso y el 5 es de mayor nivel del ingreso. Al respecto el indicador especifica que, el quintil 1, es decir, aquel grupo de la población con menor nivel del ingreso, el 93.0·% en hombres y el 96.3% en mujeres reciben pensiones insuficientes, en tanto en el quintil 5, es decir, en aquellos donde el nivel del ingreso es mayor, el 51.9% de los hombres y el 34.2% de mujeres experimentan ingresos insuficientes en sus pensiones para cubrir sus necesidades.

Por lo anterior, no hay que perder de vista que nos encontramos ante un proceso de envejecimiento de la población, es decir, en algunos años más, el grueso de la población mexicana será adulta mayor y los trabajadores activos cada vez serán menos, lo cual recalca el dilema de los límites que pueden tener los recursos públicos, además en esta edad las necesidades de salud y cuidados, son servicios especializados y un tanto onerosos, por lo que el dilema se abre en el sentido de ponderar si los recursos económicos públicos serán suficientes para atender las necesidades de los sectores sociales más vulnerables, ahí el reto de las próximas administraciones públicas.

Regeneración 19

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