Cuando se da la Reforma del Estado en México a principios de los años ochenta del siglo pasado, se veía este proceso con gran expectativa, a la nueva forma de concebir la reconfiguración del Estado bajo premisas aparentemente novedosas, sin embargo años después se cuestionó por qué no fue así, ya que hablar del nuevo liberalismo económico con implicaciones en los ámbitos sociales y privados, orientaría de manera ideológica a un pensamiento contemporáneo permeado de ideas añejas provenientes del siglo XVIII.
Nada nuevo ni de qué asombrarse, sin embargo, la expectativa siempre estuvo ahí, bajo el argumento de la implementación desde el mismo gobierno, de la apertura económica, desregulación, modernización administrativa, privatización de empresas paraestatales, disciplina fiscal, descentralización de la vida política y económica y en general hacia el adelgazamiento de todas las estructuras del Estado bajo el razonamiento de que cada vez que el Estado participa en actividades económicas genera distorsiones que no permiten avanzar a las organizaciones empresariales, dado que el sistema de precios y asignación de recursos se ve obstruido.
La omnipresencia del mercado como el único mecanismo en garantizar información eficiente, oportuna y eficaz para la toma de decisiones.
Para lo anterior, también se requería de la adaptación de algunos conceptos propios emanados de la iniciativa privada hacia la administración pública, entre ellos, la nueva gerencia pública, la gobernanza y la rendición de cuentas. Un estado moderno tenía que ser eficiente solamente en hacer cumplir las leyes, de tal forma que todos los actores tanto económicos como políticos y sociales quedarán sujetos a las buenas prácticas y conductas y garantizar la probidad en lo particular, y la honestidad en lo colectivo, a largo plazo después de varios años de implementación del modelo neoliberal, en la gran mayoría de los casos no se generó la probabilidad en lo particular ni lo honesto de las actuaciones en colectivo, por el contrario, quedamos inmersos en una inercia en la que todos jalaron para su propio beneficio a cualquier costo posible, el objetivo era ganar a toda costa independientemente del marco legal, lo que se construyó fue un modelo cuyo mecanismo exacerbó la desigualdad e incrementó la pobreza y diluyó el sentido comunitario y solidario de la gran mayoría de los actores económicos.
En ese sentido, la gobernanza como aquella búsqueda de participación comunitaria de todos los actores en las decisiones públicas de Estado, se han dado modos de participar no con fines o propósitos solidarios, más bien, buena parte de la participación de muchos actores fue transfigurada con la intención y el argumento colectivo o solidario pero para beneficios privados, en otros casos, la gobernanza generó una actuación simulada de muchos actores sociales, con la finalidad de diseñar acciones en las que aparentemente los compromisos obedecían a una búsqueda genuina por atender problemas sociales, sin embargo, la participación era inducida por el mismo Estado, a lo que se puede decir que tanto la gobernanza como la rendición de cuentas si bien han sido formas de la nueva gerencia pública, es necesa-rio que su conocimiento permee al colectivo de toda la sociedad a fin de generar agencia pública de todas las áreas correspondientes del Estado, lo anterior se podrá lograr, a través de desarrollar una conciencia crítica a través de un pensamiento crítico mediante la educación, bien sea esta formal o informal, es por ello que el sistema educativo se convierte en un instrumento fundamental que promueve y moldea una visión colectiva para la conformación más sólida de los ciudadanos, por ello, todos los gobiernos deben fortalecer y consolidar una Política de Estado que promueva y fomente la importancia de la educación como un instrumento de construcción social, para una mayor y mejor gobernanza en el país.
Regeneración 19
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