Una de las formas aunque no la única de distribuir la riqueza que genera un país es a través del empleo, aunque existe una diversidad en cuanto a los mecanismos de contratación, así como a la relación entre el capital y el trabajo, es decir, entre los contratantes y los contratados, es necesario tomar en cuenta que el empleo bien remunerado genera una justa distribución de la riqueza y puede proporcionar a los trabajadores una vida digna.
Sin embargo, esta relación entre el capital y el trabajo es negativa, ya que la misma historia nos ha indicado que durante mucho tiempo el objetivo de los dueños del capital fue y continúa siendo, extraer al máximo la capacidad productiva de los trabajadores, por otro lado, los trabajadores afiliados o no a un determinado sindicato luchan por obtener las mejores condiciones laborales que les permita una justa retribución de la riqueza, ante esta situación resulta de vital importancia el rol que juegan las instancias conciliatorias o bien el marco jurídico que garantice la estabilidad de ambos intereses a fin de poder generar a través del proceso productivo la riqueza en la economía.
Por fortuna, en años recientes quedó prohibido el outsourcing, mecanismo a través del cual los trabajadores eran violentados en sus derechos laborales principalmente en lo concerniente a la seguridad social, el objetivo era poder burlar la ley laboral y omitir una serie de derechos laborales.
Aún con ello, el empleo en recientes años ha marcado una tendencia a mejorar tanto el marco normativo como la distribución de la riqueza, mediante incrementos significativos en los sueldos y salarios para los trabajadores, no con ello se afirma que no existe problema alguno en el campo laboral, debido a que una parte importante de la fuerza de trabajo disponible que hay en el país se desarrolla en el mercado informal, lo que genera fuertes distorsiones tanto en la oferta disponible de mano de obra, como en los precios de la fuerza de trabajo y desde luego de los precios de los demás artículos.
Lo anterior, abre punto a discusión para los formuladores de políticas públicas en materia de empleo e inversiones, pero también en el ámbito del desarrollo de una política social que garantice para los que jamás contribuyeron con su trabajo en su seguridad social, a fin de tener acceso a una pensión no contributiva.
De ahí la importancia del empleo formal dado que este se vincula directamente con el acceso a la seguridad social por quienes trabajan en el sector formal de la economía.
Al respecto el INEGI recientemente dio a conocer los resultados del tercer trimestre del año en curso de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que arroja información de suma importancia, por ejemplo, a nivel nacional la población de 15 años y más suma un total de 101.6 millones de personas, de las cuales 61.4 millones son población económicamente activa de las cuales 59.5 millones es población ocupada, misma que reporta un incremento de 378 mil nuevas plazas de empleo en el mismo periodo del año anterior, y población desocupada asciende a 1.8 millones es decir el 3%; en el mismo tenor la población no económicamente activa asciende a 40.3 millones es decir cerca del 40% de la población de las cuales 5.3 millones es población disponible y 35.0 es población no disponible.
De acuerdo con información presentada en ENOE el empleo creció en el tercer trimestre del año en curso con 378 mil nuevas plazas de trabajo más que en el tercer trimestre del año pasado, cifra importante si consideramos la relevancia de la implicación del empleo en el bienestar de la población.
Por ello es necesario tomar en consideración que es a través del empleo uno de los mejores mecanismos de distribución de la riqueza, como dirían los clásicos de la economía, es el trabajo la principal fuente de riqueza, ahora bien, ésta habrá que distribuirla con justicia.
Regeneración 19