Después de seis semanas sin estímulos fiscales para ningún combustible, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha vuelto a implementar un apoyo únicamente a la gasolina Magna.

El porcentaje de estímulo fiscal es del 3.93%, lo que reduce el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 5.9326 pesos desde los 6.1752 pesos por litro. Sin embargo, la gasolina Premium y el diésel siguen sin recibir apoyo, manteniendo una cuota de IEPS de 5.2146 y 6.7865 pesos por litro, respectivamente. Aunque este estímulo representa un alivio para los automovilistas que usan de la “verde”, podrían surgir varias preguntas sobre la eficacia de estos apoyos a largo plazo, y sobre su impacto en las finanzas públicas.

Los estímulos fiscales a las gasolinas no son una novedad en la política económica mexicana. Desde hace años, estos se han utilizado como una herramienta para amortiguar el efecto de los precios internacionales del petróleo y evitar los llamados "gasolinazos". Sin embargo, la constante dependencia de este tipo de subsidios podría levantar cuestionamientos sobre su sostenibilidad y las consecuencias para las finanzas públicas.

Desde un punto de vista teórico, los estímulos fiscales forman parte de las políticas contracíclicas que los gobiernos implementan para suavizar los efectos adversos en la economía. De acuerdo con la teoría keynesiana, los gobiernos deben intervenir en la economía cuando el sector privado no puede mantener la demanda agregada lo suficientemente alta como para asegurar el pleno empleo. En este sentido, los estímulos fiscales, como los aplicados a las gasolinas, pueden ayudar a mantener el poder adquisitivo de los consumidores y evitar que el precio de los combustibles impacte negativamente en la inflación.

Sin embargo, los estímulos fiscales también tienen sus limitaciones. Desde la perspectiva neoclásica, esta intervención del gobierno puede generar distorsiones en los mercados, ya que los subsidios artificiales a productos como la gasolina envían señales equivocadas sobre el precio real de los bienes. En este caso, un precio de la gasolina inferior al que marcaría el mercado puede generar un consumo ineficiente y desincentivar el ahorro de energía o la búsqueda de alternativas más sostenibles, como los vehículos eléctricos o el transporte público.

Por otro lado, si consideramos el enfoque de las finanzas públicas, los estímulos fiscales representan un sacrificio en la recaudación tributaria. En un país como México, donde los ingresos fiscales ya son limitados, este tipo de medidas reduce aún más la capacidad del Estado para financiar programas esenciales, desde infraestructura hasta políticas sociales. A pesar de que los estímulos fiscales a las gasolinas se presentan como una ayuda para la población, no se debe de perder de vista el impacto en el largo plazo sobre la sostenibilidad fiscal.

En términos prácticos, el regreso de los estímulos fiscales a los combustibles puede interpretarse como una medida temporal para mitigar el impacto de los precios de los combustibles en los bolsillos de los ciudadanos. No obstante, estos estímulos no vienen sin un costo para las arcas del gobierno. Cada peso que el Estado deja de recaudar a través del IEPS es un peso que deja de estar disponible para el gasto público. Un punto importante a considerar es que, a diferencia de otros países, México depende en gran medida de los ingresos derivados de los impuestos al consumo, como el IEPS y el IVA. Con una base fiscal relativamente estrecha y una baja capacidad de recaudación, cualquier disminución en los ingresos puede afectar de manera significativa la capacidad del gobierno para financiar su gasto corriente y sus inversiones.

A su vez, la política de estímulos fiscales también plantea preguntas sobre la equidad. Si bien el subsidio a la gasolina Magna beneficia principalmente a los consumidores de menores ingresos, la falta de apoyo para la gasolina Premium y el diésel podría considerarse discriminatoria para ciertos sectores productivos. El diésel, en particular, es el combustible utilizado por gran parte de la industria y el transporte de mercancías, lo que significa que la falta de estímulos podría aumentar los costos de producción y, eventualmente, trasladarse al consumidor final en forma de precios más altos en bienes y servicios.

El verdadero problema con los estímulos fiscales a los combustibles es que no abordan la raíz del problema: la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y la necesidad de una mayor diversificación energética en México. En lugar de recurrir constantemente a subsidios temporales, el país debería enfocarse en una política energética de largo plazo que incentive el uso de fuentes de energía más limpias y renovables, lo que podría reducir la dependencia del petróleo y proteger a la economía de las fluctuaciones en los precios de los combustibles.

El retorno de los estímulos fiscales es un recordatorio de la delicada relación entre las políticas económicas de corto plazo y los desafíos fiscales de largo plazo. Si bien es comprensible que el gobierno quiera proteger a los consumidores del aumento en los precios de los combustibles, este tipo de medidas no puede ser una solución permanente. En lugar de depender de los estímulos fiscales, se deberían buscar soluciones estructurales que aseguren tanto la estabilidad de los precios de los combustibles como la sostenibilidad de las finanzas públicas. Mientras tanto, los consumidores deben ser conscientes de que los precios artificialmente “bajos” no son sostenibles indefinidamente, y que la mejor manera de enfrentar la volatilidad de los mercados energéticos es mediante una mayor eficiencia en el uso de los combustibles y la diversificación de las fuentes de energía.