Estimado lector, tal vez recordará o incluso le haya pasado, pero de cualquier forma no me dejará mentir que cuando un infante es sorprendido haciendo una travesura o es confrontado por decir alguna mentira, puede ocurrir que reaccione llorando, arrojándose al piso, pataleando, todo con tal de intentar desviar la atención para evadir la reprimenda por su mala conducta.
En el caso de los menores de edad, tal comportamiento es comprensible, aún no saben manejar la responsabilidad, pero lo que en un niño llega a despertar ternura, en un adulto de la tercera edad resulta inapropiado.
En días pasados algo parecido sucedió con el presidente de la República, quien reaccionó a las declaraciones de los embajadores de nuestros socios comerciales de EEUU y Canadá sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, con una regresión infantil, perdiendo los estribos y menoscabando con ello la imagen del Estado mexicano.
Basta de engaños, tanto el TLCAN, como su versión revisada del T-MEC, implican cierta concesión de nuestra soberanía para ajustarla y armonizarla con los principios que rigen el derecho internacional y la legislación de nuestros socios comerciales, de esto es plenamente consciente el presidente, porque durante su mandato se firmó el T-MEC. Desconocer este hecho es demagogia y pone aún más nerviosos a nuestros socios comerciales, porque si lo que está escrito se desconoce, ¿qué será de aquello que solo se promete de palabra?
Y de palabra es la promesa de remediar con la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación los casos de corrupción y de rezago judicial, mediante la selección de jueces y magistrados federales por votación.
Es una suposición, pero los gobiernos de nuestros socios comerciales, tal vez les llene de terror imaginar que, en la selección de jueces, magistrados y ministros federales, pueda pasar lo mismo que cuando el partido oficial lleva a cabo elecciones internas o que ocurra lo que pasó con la sustitución del seguro popular por el hoy extinto INSABI.
La competencia y honestidad de los jueces y magistrados federales impacta en las relaciones comerciales, ya que hay casos en los que tengan que intervenir para dirimir disputas comerciales que se sujeten a la jurisdicción nacional, y deben de gozar de tal independencia del poder ejecutivo y legislativo, que los haga inmunes a las presiones políticas para inclinar sus decisiones en uno u otro lado.
Cierto, en la actualidad los jueces y magistrados no son invulnerables a las presiones, pero eso no se resuelve sujetándolos a elecciones, sino acotando el poder político y el de los intereses creados, cosa que no va a suceder con la reforma planteada, sino por el contrario.
El temor que despierta la reforma es legítimo y es real, no solo para los embajadores de EEUU y Canadá, sino para muchos otros que francamente no creemos en la solución propuesta por el presidente López Obrador, para acabar con la corrupción y rezago judicial, mediante la elección de jueces, magistrados y ministros a través de votaciones.
La razón de este profundo escepticismo radica en la experiencia, ya que si las votaciones fueran garantía de honradez, no tendríamos alcaldes y gobernadores presos por corrupción y a otros tantos señalados de lo mismo.
El temor es real, porque no nos podemos engañar pensando que lo que dice la letra escrita solo por estar en la ley, se vuelve real, hace mucho el presidente López Obrador creía que una de las principales lacras de la política era la simulación, desconozco qué piense ahora.
La reforma constitucional al poder judicial de la Federación afecta a todos, tal vez el lector crea lo contrario, no se lo deseo, pero pueden suceder hechos fortuitos en los que se vea involucrado, como por ejemplo que le choquen el coche o se metan robar a su casa y entonces tenga que pedir justicia.
En ese momento sentirá en carne propia algo muy parecido a lo que viven diariamente los derechohabientes cuando acuden a surtir sus recetas de medicinas en las instituciones de salud pública, no habrá.
